En un movimiento que ha dejado huella en la economía mexicana, el entonces presidente Ernesto Zedillo tomó una decisión que sigue afectando a millones de ciudadanos: en 1998, su gobierno decidió convertir 552 mil millones de pesos en deuda pública para rescatar a un selecto grupo de banqueros millonarios. Esta medida, conocida como el Fobaproa, se implementó con el argumento de estabilizar el sistema financiero del país tras la crisis de 1994.

Sin embargo, las consecuencias de esta decisión no se han diluido con el tiempo. A más de dos décadas de aquel rescate, los mexicanos continúan pagando las consecuencias de esta deuda, que ha sido un tema recurrente en debates sobre justicia económica y responsabilidad gubernamental. La percepción general es que el sacrificio recayó sobre el ciudadano común, mientras que los beneficiarios del rescate siguieron acumulando riqueza.

La controversia en torno al Fobaproa plantea preguntas sobre la equidad del sistema financiero y la transparencia en la toma de decisiones gubernamentales. Muchos se preguntan: ¿quiénes realmente se beneficiaron y a qué costo para la población?

Hoy, a medida que los ciudadanos siguen enfrentando las repercusiones de esta deuda, el eco de la frase "¡Zedillo lo decidió y tú lo sigues pagando!" resuena en el imaginario colectivo, recordando que las decisiones políticas tienen un impacto duradero en la vida de las personas. La lucha por una mayor justicia económica y la rendición de cuentas sigue siendo un desafío en la agenda nacional.