La compra de dos lujosos departamentos por parte del cardenal Norberto Rivera Carrera, en la exclusiva Torre Mitikah al sur de la capital del país, ha derivado en un conflicto judicial que podría costarle el cargo a una funcionaria del Gobierno de la Ciudad de México.
El caso, revelado inicialmente por Proceso, expone Norberto Rivera adquirió el 29 de febrero de 2024 dos departamentos, el 4201 y el 4205, en la Torre Residencial Mitikah, considerada la más alta de la ciudad.
¿Cuánto costaron los departamentos de Norberto Rivera en Mitikah?
La operación ascendió a 23 millones 297 mil pesos, pagados al Banco Actinver. Solo en impuestos por adquisición de inmuebles (ISAI), el clérigo desembolsó más de 1.3 millones de pesos.
En mayo de ese mismo año, el cardenal obtuvo un amparo a su favor. La juez Blanca Lobo Domínguez, del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa, consideró excesivos los montos cobrados por concepto de ISAI y derechos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad (RPP).
En su fallo, ordenó la devolución del total pagado por Rivera: 1 millón 437 mil 73 pesos.
Aunque el gobierno capitalino, entonces ya bajo el mandato de Clara Brugada, impugnó la sentencia, el Cuarto Tribunal Colegiado confirmó la resolución, haciendo ejecutable la devolución desde diciembre de 2024.
Funcionaria, al borde de la destitución por devolución a Norberto
Desde enero de este año, la Dirección General de la Administración Tributaria fue notificada para cumplir con la orden. Sin embargo, el proceso se estancó cuando Margarita Nallely Reyes Castro, directora de Atención y Procesos Tributarios, intentó hacer la devolución mediante un Certificado de Devolución.
Rivera rechazó esta vía y exigió una transferencia directa a una cuenta en BBVA Bancomer, lo cual fue aprobado por la juez.
Al no concretarse el pago dentro de los plazos legales, la juez Lobo impuso a Reyes Castro una multa de 11 mil 314 pesos el pasado 9 de abril, otorgándole un último plazo de 10 días para cumplir. Advirtió que, en caso de nuevo incumplimiento, podría iniciar un proceso judicial que llevaría a la destitución de la funcionaria.
Reyes Castro, por su parte, notificó haber autorizado ya la transferencia y promovió un recurso de queja para evitar la sanción. No obstante, si se confirma que la transferencia no se concretó en el tiempo establecido, el Tribunal Colegiado podría ordenar su separación del cargo por desacato.