Juan Luis H. González

Durante el sexenio anterior, la relación entre la Universidad de Guadalajara y el Gobierno del Estado fue una de las más tensas en la historia reciente de Jalisco. La confrontación pública entre Enrique Alfaro, el entonces rector Ricardo Villanueva y Raúl Padilla marcó un periodo de beligerancia y conflictos políticos que culminaron, simbólicamente, con la muerte de este último. Aquella disputa dejó heridas institucionales y enseñanzas políticas.

Hoy, el panorama es distinto. Pablo Lemus ha optado por un estilo de gobierno menos confrontativo: su apuesta es “llevar la fiesta en paz” y aunque ha mantenido el discurso de respeto a la autonomía universitaria, la relación con la UdeG atraviesa en estos momentos un periodo de prueba. No es una alianza sólida ni una guerra declarada, sino una tregua vigilada.

La llegada de Karla Planter abrió un nuevo ciclo, pero no disolvió la memoria institucional de la anterior confrontación. La rectora ha optado por un estilo más académico y reservado, pero eso no implica —como ya se vio— que renuncie a la defensa de la autonomía ni al protagonismo público de la universidad. La UdeG es mucho más que un sistema educativo: es un actor político con presencia territorial, legitimidad social y capacidad de presión. Tiene historia, estructura y reflejos políticos.

Por eso, cualquier entendimiento entre la universidad y el gobierno estatal estará siempre mediado por el cálculo, los matices y los límites. No hay ingenuidad de por medio. Ambas instituciones conocen el valor estratégico y operativo de sus posiciones, pero a diferencia de Alfaro, Lemus no intentará debilitar a la universidad ni a su clase política. Es previsible que evite la tensión directa, aun cuando en temas como el presupuesto, la seguridad o el transporte, los desacuerdos puedan reaparecer, como ya sucedió.

La sugerencia del gobierno estatal de que la universidad destinara parte de una partida presupuestal a colocar luminarias, cámaras y reforzar la vigilancia en torno a sus planteles se topó con pared. La respuesta de la rectora no se hizo esperar, enviando un mensaje que fue mucho más allá de una simple reasignación de recursos. La respuesta fue política y fue contundente.

Sin embargo, el quid del asunto está en la posición de ventaja que tiene hoy la UdeG. Ventajas estratégicas que antes no tenía: la cercanía con la 4T, el respaldo del gobierno federal y un presupuesto constitucional que la blinda frente a intentos de condicionar su financiamiento. Esa posición le permite sostener una relación más firme, menos subordinada, frente al Ejecutivo estatal.

Además, la universidad ha ganado respaldo ciudadano sostenido. Tras años de conflicto con el anterior gobernador, la narrativa institucional de la defensa de la casa de estudios permeó más allá de su ámbito interno.

Por eso, Pablo Lemus ha tenido extremo cuidado de no pisar callos. Sabe que hay viejas memorias y nuevas tensiones que pueden reactivarse con rapidez.

En palabras del politólogo Guillermo O’Donnell, “la democracia no se agota en las elecciones ni en las instituciones estatales: se nutre de actores sociales capaces de defender su autonomía y su voz pública”. La Universidad de Guadalajara cumple con este papel de manera sustancial. Y sabe que esa autonomía será, llegado el momento, un instrumento de presión y una narrativa poderosa.

A diferencia de la aventura pasada —donde la universidad enfrentaba una ofensiva desde el poder estatal, así como la animadversión del expresidente López Obrador hacia la figura de Raúl Padilla—, hoy la correlación de fuerzas es distinta. Si se abriera un nuevo capítulo de confrontación, la UdeG llegaría con más protección institucional, mayor respaldo político y una historia pública más sólida. La ventaja, esta vez, estaría de su lado. 

Hoy, por lo pronto, se mantiene un equilibrio incierto que podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Al tiempo.