Procesan a cinco funcionarios de Morelos detenidos en la Operación Enjambre
Procesan a cinco funcionarios de Morelos detenidos en la Operación Enjambre
Procesan a cinco funcionarios de Morelos detenidos en la Operación Enjambre
Un juez federal vinculó a proceso a cuatro funcionarios municipales y un exservidor de Morelos, detenidos en la Operación Enjambre por su presunta participación en delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.
El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba que resultaron suficientes para obtener esa determinación, además de mantener la prisión preventiva oficiosa.
El juez fijó un plazo de 15 días para la investigación complementaria.
Los vinculados a proceso son:
Agustín Toledano, presidente municipal de Atlatlahucan
Irving Sánchez, exalcalde de Yecapixtla
Horacio Zavaleta, secretario municipal de Cuautla
Jonathan Espinoza, tesorero de Cuautla
Pablo Adrián Portillo, oficial mayor de Cuautla
La Fiscalía federal confirmó la acción lograda, sin embargo, no brindó detalles sobre el proceso judicial de Arisbel Rubí Vázquez, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan, quien también fue detenida en el marco de los operativos del 20 de mayo. Hasta el momento se desconoce su situación jurídica.
Reportes previos de este medio señalan que el juez de control Edgar Alejandro Domínguez, del Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, ordenó el traslado de los cinco imputados al Penal Federal de Sonora tras dictarles prisión preventiva oficiosa el 22 de mayo.
A siete días de la Operación Enjambre en Morelos, el alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, permanece prófugo.
El Cártel de Sinaloa habría financiado campañas e intimidado a actores políticos en Morelos
El vocero de la FGR, Ulises Lara, informó tras los arrestos que la FEMDO identificó la penetración de un grupo criminal en las estructuras de por lo menos ocho municipios de Morelos mediante el financiamiento de campañas electorales.
La organización mencionada por las autoridades sería el Cártel de Sinaloa, quien también habría intimidado a actores políticos contrarios a sus intereses.
La cabeza del esquema político-criminal sería Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, presunto líder regional del Cártel de Sinaloa en la zona oriente de Morelos.
En videos incorporados a la investigación y difundidos en medios de comunicación se le habría visto reunido con los alcaldes electos de Cuautla y Atlatlahucan, así como con otros funcionarios y representantes populares del estado.
El Barbas habría financiado las operaciones previas de los alcaldes detenidos. Crédito: FGR
Ese encuentro habría ocurrido durante el proceso electoral, en una finca en Totolapan. En esa reunión, “El Barbas” habría planteado el acuerdo con los servidores públicos, con el objetivo de obtener permisividad y libertad para cometer actividades delictivas en la entidad.
Durante 2024, Morelos registró una escalada de violencia que incluyó extorsión, homicidio, narcomenudeo, robo y secuestro, de acuerdo con las investigaciones de la FGR.
La entidad también enfrentó agresiones en contra de aspirantes y candidatos a cargos de elección popular durante el proceso electoral 2023-2024, así como la muerte de exalcaldes morelenses en 2022 y 2023.
El alcalde de Cuautla permanece prófugo y obtuvo un amparo
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció el 20 de mayo que las autoridades contaban con una orden de aprehensión contra Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, por presuntos nexos criminales ligados al mismo esquema de los cinco vinculados a proceso.
Desde entonces, Corona Damián permanece prófugo.
El hogar del hermano de Jesús Corona fue atacado por segunda ocasión el pasado martes 18 de noviembre. (Facebook: Jesús Corona)
Tras darse a conocer su búsqueda, el alcalde solicitó un amparo para evitar su detención.
El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos admitió la solicitud y le concedió una suspensión provisional, aunque la resolución establece que una vez ejecutada la orden de aprehensión deberá quedar a disposición del juez que lo requiere para la continuación de la causa penal.
