Juan Luis H. González S.
Cuando un empresario multimillonario, concesionario de un bien público estratégico y actor central del debate político, se presenta ante instancias internacionales como víctima del Estado, conviene hacer una pausa para ordenar los hechos, evitar filias y fobias, –ejercicio complicado en estos tiempos– y entender lo que pasa.
Ricardo Salinas acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar lo que él considera un “acoso político” del Estado mexicano. El polémico empresario afirmó en su solicitud que existe hostigamiento fiscal, judicial y administrativo contra sus empresas y su persona. Que se le quiere silenciar y que su caso revela una crisis institucional que amenaza el pluralismo democrático. Son afirmaciones graves, sin duda, y precisamente por eso debemos revisarlas una por una.
Primero, la supuesta persecución. Para que exista una persecución política debe haber una acción selectiva motivada por razones ideológicas, no por incumplimientos legales acreditables. Los litigios fiscales que involucran a sus empresas no iniciaron en 2023 ni con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Son expedientes que arrastra desde hace más de una década, con resoluciones, recursos y amparos promovidos por él y por su propio corporativo. No hay un giro autoritario en esta trama: hay continuidad jurídica. Aun cuando la narrativa política de Salinas y su televisora intentan omitir este incómodo historial.
Segundo, el llamado “hostigamiento fiscal”. En México, como en cualquier Estado funcional, el cobro de impuestos no es una prerrogativa discrecional, es una obligación constitucional. Muchas de las grandes corporaciones —incluidas las de Grupo Salinas— han utilizado históricamente todos los márgenes legales para diferir pagos y prolongar litigios. Convertir la exigencia de cumplimiento en persecución es un desplazamiento retórico que intenta transformar la legalidad en agresión y el privilegio en derecho adquirido.
Tercero, el uso del aparato judicial como mecanismo de presión. Aquí la contradicción es más evidente. Salinas Pliego ha tenido acceso pleno a tribunales, ha obtenido suspensiones, ha litigado durante años y ha mantenido abiertos procesos gracias al propio diseño del sistema judicial. No estamos ante un actor excluido del Estado de derecho, sino ante uno que lo conoce y lo ha utilizado con destreza. El problema no es la judicialización del poder, sino la normalización del litigio eterno como estrategia fiscal.
Cuarto, la presunta limitación a la libertad de expresión. Este argumento roza el absurdo. El dueño de TV Azteca es uno de los empresarios con mayor presencia mediática del país, con acceso permanente a micrófonos, pantallas y plataformas digitales. Él y todos sus colaboradores mediáticos opinan, confrontan, descalifican, mienten y polemizan sin restricción alguna. No han sido censurados, ni invisibilizados, ni excluidos del debate público. Confundir la ausencia de impunidad con censura es vaciar de contenido un derecho fundamental.
Quinto, la advertencia sobre el riesgo al pluralismo democrático. Aquí el razonamiento del magnate intenta invertir peligrosamente la realidad. El pluralismo no se erosiona cuando el Estado cobra impuestos; se erosiona cuando los grandes poderes económicos se colocan por encima de la ley bajo el argumento de que su voz es indispensable. La democracia no depende de la excepcionalidad de los poderosos, sino de la igualdad ante la norma.
Finalmente, la internacionalización del conflicto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acudir a instancias internacionales es un derecho, pero utilizarlas como escenario de presión política en un litigio fiscal es otra cosa. La CIDH fue concebida para proteger a víctimas de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, no para dirimir desacuerdos tributarios de corporaciones multimillonarias y poco transparentes. No toda molestia es persecución. No todo cobro es autoritarismo. No toda crítica al privilegio es una amenaza al Estado de derecho.
La estrategia discursiva de Salinas Pliego no describe a un ciudadano indefenso frente al poder, sino a un poderoso empresario que está acostumbrado a rechazar límites. Su discurso no busca ampliar libertades, sino redefinirlas a su favor. Porque, en el fondo, la pregunta que evita su narrativa no es ideológica ni jurídica, es mucho más elemental: ¿por qué alguien que exige legalidad para todos considera ilegítimo cumplir la ley cuando le corresponde? Y ahí está el verdadero dilema; no entre el Estado persecutor y los ciudadanos libres, sino entre la ley y el privilegio que algunos y algunas quieren seguir manteniendo.
Tal vez el problema no sea que el Estado mexicano esté persiguiendo a alguien, sino que por primera vez algunos descubren que el Estado de derecho no es un concepto retórico… sino una factura que, tarde o temprano, también se paga.