Ernesto "N", junto con otras siete personas, fue vinculado a proceso por los delitos de contrabando de combustible (huachicol fiscal) y delincuencia organizada.
La medida fue determinada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, luego de una audiencia con duración de poco más de 30 horas.
Sentencia a puerta cerrada
A puerta cerrada, por petición de la Fiscalía General de la República (FGR), el pasado martes reinició la audiencia en la que se resolvió que el exgobernador de Baja California sería vinculado a proceso.
La jueza de Control Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, presidió la diligencia, que tuvo 35 horas de duración, por videoconferencia.
Ruffo Appel, Ricardo "N", José "N", Juan "N" y Luis Antonio "N" se conectaron a la audiencia desde el interior del penal de El Altiplano, donde están recluidos luego de dictárseles prisión preventiva el domingo pasado.
En tanto, José María "N" y Guillermo "N" lo hicieron desde prisión domiciliaria, mientras que Adriana "N" desde el Centro de Reinserción Social (Cereso) Nezahualcóyotl, en el Estado de México.
En esta audiencia, la defensa del exgobernador de Baja California, encabezada por Fernando Gómez-Mont, exsecretario de Gobernación, y la de los otros implicados en lo que es considerado el caso más grande de contrabando de combustible, tuvieron que responder a los 100 datos de prueba que la FGR formuló para acusarlos de los delitos de delincuencia organizada y huachicol fiscal.
La FGR aseguró que no hay ningún sesgo de otra índole en la detención del exgobernador, acusado de encabezar una red de huachicol fiscal, la cual está apegada a derecho y a acciones estrictamente jurídicas.
La institución ministerial afirmó que en todo momento se ha respetado el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos del panista y los de las otras siete personas relacionadas con lo que ha denominado la red más grande de contrabando de hidrocarburos realizada por tren, que habría generado un daño por más de 4 mil millones de pesos al erario.
Enfatizó que las investigaciones del caso están sólidas, sustentadas en medios de prueba como dictámenes periciales, análisis de información ministerial, fiscal, financiera, aduanera y ferroviaria, así como diversas diligencias que han permitido acreditar la probable participación de las personas imputadas por los delitos de delincuencia organizada y contrabando.