Para agilizar su deportación a México, el gobierno federal renunció a la extradición del excontraalmirante y, una vez en territorio nacional, continuar con las indagatorias.
Fernando “N”, identificado como Fernando Farías Laguna, llegó este jueves 21 de agosto a la Ciudad de México, luego de ser expulsado de Argentina, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La dependencia señaló que el excontraalmirante es señalado por su posible relación con una compleja red criminal dedicada al contrabando de combustible, conocido como huachicol. Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Farías Laguna fue presentado ante un médico legista para realizarle una certificación médica.
Posteriormente, será trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, donde quedará a disposición de la autoridad judicial que ordenó su captura. Se espera que alrededor de las 09:00 horas comience su audiencia.
De acuerdo con información de Ulises Soriano, alrededor de las 05:30 de ayer comenzó la movilización en los hangares del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando despegó un helicóptero de la Marina. Luego de una escala en Colombia, la aeronave arribó a la capital mexicana a las 03:03 horas, sin sirenas y en un operativo de bajo perfil.
¿De qué acusan a Fernando Farías Laguna?
La FGR señala a Farías Laguna como uno de los presuntos integrantes de una estructura dedicada al llamado huachicol fiscal. De acuerdo con información difundida por la fiscal general, Ernestina Godoy, la organización utilizaba buques tanque que llegaban a puertos como Tampico y Ensenada con hidrocarburos declarados de manera irregular como aceites o aditivos, con el objetivo de evadir impuestos. Posteriormente, el combustible era distribuido mediante empresas legalmente constituidas o utilizado para operaciones de lavado de dinero.
La investigación cobró relevancia tras el aseguramiento de un buque con aproximadamente 8 millones de litros de hidrocarburo en Altamira, Tamaulipas, en marzo de 2025, y posteriormente de otra embarcación en Ensenada, Baja California. Según la FGR, en el esquema habrían participado servidores públicos que facilitaban las operaciones aduaneras.