El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este martes que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 han sido detenidas 67 mil 253 personas por delitos de alto impacto, como parte de los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad presentados este martes en la conferencia matutina, en el marco de la glosa del Segundo Informe de gobierno. "Son personas que ya no pueden continuar generando violencia ni dañando a la población", afirmó en Palacio Nacional. En ese mismo periodo, dijo, fueron detenidos 111 funcionarios públicos vinculados con el crimen organizado, entre ellos presidentes municipales de distintos estados, como parte del  Operativo Enjambre contra redes de protección institucional. 

El funcionario detalló que se han asegurado 34 mil 353 armas de fuego, de las cuales 80 por ciento proceden de Estados Unidos, y explicó que "cada arma asegurada reduce la capacidad de fuego de los grupos criminales y disminuye el riesgo de que fueran utilizadas en agresiones contra la población y contra las autoridades". Añadió que en operaciones marítimas encabezadas por la Secretaría de Marina se han decomisado 88 toneladas de cocaína, entre ellas el mayor aseguramiento en la historia de esa institución, con más de 8 toneladas frente a las costas de Michoacán. 

Sobre los funcionarios detenidos, García Harfuch sostuvo que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido "de cero tolerancia a la corrupción y de cero impunidad, sin importar el cargo o la afiliación política de una persona". 

En materia de extorsión, el secretario recordó que desde el inicio de la administración este delito fue establecido como prioridad de gobierno "porque afecta directamente el patrimonio, la tranquilidad y el trabajo de las familias, particularmente de comerciantes, transportistas, productores y prestadores de servicios". Señaló que el 6 de julio de 2025 se puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión y que, además, la presidenta impulsó una reforma legal que homologó el tipo penal en todo el país y estableció que este delito "debe investigarse y perseguirse de oficio", con lo cual, dijo, "la responsabilidad de iniciar y sostener la investigación ya no recae únicamente en la víctima, sino en las instituciones del Estado". 

Explicó que esta estrategia se desarrolla mediante cinco ejes: generar detenciones a partir de trabajos de inteligencia e investigación; fortalecer las unidades antiextorsión locales; aplicar protocolos especializados de atención a víctimas; capacitar a los operadores de la línea 089 en manejo de crisis y negociación, e implementar una campaña nacional de prevención. A ello se suman, indicó, acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera para cancelar cuentas bancarias utilizadas para recibir pagos de extorsión, la cancelación de líneas telefónicas vinculadas con este delito y operativos en centros penitenciarios en coordinación con la Guardia Nacional y el Sistema Penitenciario Federal. García Harfuch precisó que, como resultado de estas acciones, entre el 6 de agosto de 2025 y el 31 de agosto de 2026 han sido detenidas 2 mil personas por extorsión en 29 entidades federativas.

El secretario subrayó que un elemento que distingue a la actual estrategia de seguridad es que "se conduce todos los días por la propia presidenta de México". Explicó que "cada mañana la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la reunión del Gabinete de Seguridad", donde "se revisa la incidencia delictiva, se analizan operaciones, investigaciones y se toman decisiones para atender las regiones y los delitos que requieren mayor atención". Afirmó que "esta conducción diaria permite que la información circule con mayor rapidez, que las instituciones actuemos como un solo equipo y que cada decisión tenga seguimiento hasta convertirse en una acción operativa o en una investigación judicializada o en despliegues operativos para prevenir delitos".

El titular de la SSPC señaló que los resultados obtenidos son producto del trabajo coordinado de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad —la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación, el Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Nacional—, así como de las autoridades de las entidades federativas, con las que, dijo, la coordinación se ha estrechado "cada vez más, ya que el 90 por ciento de los delitos corresponden al fuero común".