La Fiscalía de Michoacán abrió una carpeta de investigación contra Carlos Castellanos de la Cruz, director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 76 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Uruapan, por el delito de maltrato animal.
El hecho ocurrió en el fraccionamiento Jardines de la Loma de esa ciudad y se hizo público la tarde de ayer, cuando una grabación de cámara de seguridad se difundió en redes sociales y mostró al médico con su perro pastor alemán mientras el animal atacaba a un canino en situación de calle.
El video captó el momento en que Castellanos de la Cruz permitió que su mascota agrediera al perro callejero sin intervenir para detener el ataque. La difusión de las imágenes generó indignación entre colectivos animalistas y distintos sectores sociales de Uruapan y del estado.
La Fiscalía General del Estado abrió carpeta de investigación el 8 de septiembre
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó la apertura de la carpeta de investigación en contra del directivo. El organismo precisó que el proceso busca deslindar responsabilidades conforme a derecho por el delito de maltrato animal.
Además del ataque al perro, los vecinos de la colonia Jardines de la Loma denunciaron que Castellanos de la Cruz mostró una actitud agresiva hacia quienes le reclamaron su conducta en ese momento. Esa denuncia vecinal forma parte del contexto que acompaña la indagatoria de la FGE.
La carpeta de investigación quedó abierta el mismo día en que el video se viralizó. La velocidad de la respuesta institucional estuvo directamente vinculada a la presión pública que generaron los colectivos animalistas.
El IMSS Michoacán se deslindó de la conducta personal del director de la UMF 76
La delegación del IMSS en Michoacán emitió un comunicado en el que separó la conducta del directivo de las funciones institucionales del organismo. “Los hechos difundidos corresponden a una conducta de carácter personal, ajena a las funciones que desempeña el trabajador dentro del Instituto”, difundió el IMSS Michoacán.
La institución agregó que las autoridades competentes determinarán las responsabilidades legales que correspondan. El IMSS también informó que colaborará con las autoridades que intervengan en el esclarecimiento de los hechos, dentro del ámbito de sus atribuciones.
El deslinde institucional dejó en claro que el cargo de director de la UMF 76 no otorga ningún tipo de protección ante una investigación penal de carácter personal. La posición del IMSS no implicó ninguna medida disciplinaria interna anunciada públicamente hasta el momento de la publicación de esta nota.
Carlos Castellanos pidió disculpas públicas en Facebook y solicitó respeto a su vida privada
Ante la ola de críticas, Carlos Castellanos utilizó su cuenta de Facebook para emitir una disculpa pública. “Quiero ofrecer una disculpa pública por los hechos sucedidos”, escribió el médico en esa red social.
En el mismo mensaje, el directivo afirmó que tomaría medidas para que los hechos no se repitieran. Asimismo, solicitó que su conducta personal no se vinculara con su actividad laboral en el IMSS.
“Solicito respeto a mi vida privada. También aclaro que mi conducta personal en ningún momento debe involucrarse con mi fuente laboral”, añadió Castellanos de la Cruz en la publicación. La disculpa no detuvo la exigencia de los colectivos animalistas, que continuaron con la presión para que la FGE judicializara la carpeta.
El perro que sufrió el ataque fue atendido por un médico veterinario tras el incidente. Una familia de la zona lo adoptó y exige a la Fiscalía que el caso avance hasta los tribunales.
La familia adoptante se convirtió en uno de los actores que demanda formalmente la judicialización de la carpeta de investigación. Su postura suma fuerza a la de los colectivos animalistas que siguieron el caso desde que el video se difundió.
La exigencia de judicializar el caso divide la respuesta institucional de la respuesta ciudadana
Los colectivos animalistas y la familia que adoptó al perro agredido coincidieron en una demanda concreta: que la FGE lleve el caso ante un juez. La apertura de la carpeta de investigación no satisfizo esa exigencia por sí sola, ya que en el sistema de justicia mexicano esa etapa es solo el inicio del proceso.
La judicialización implicaría que la FGE presente cargos formales ante un tribunal y que un juez determine si existe mérito para llevar el caso a juicio. Ese paso aún no se había dado al momento del cierre de esta nota.