La Paz, Méx. La Fiscalía General de Justicia (FGJEM) logró una sentencia condenatoria de 78 años contra los integrantes de una familia quienes fueron hallados culpables de los delitos de secuestro y privación de la vida del niño Fernando en venganza porque su madre no pagó una deuda de mil pesos.
El menor murió entre el 30 de julio y el dos de agosto del año pasado, luego de su hallazgo en el patio de una vivienda.
Lilia Delgado Pérez, Ana Lilia Morales Delgado y Carlos Morales Cruz, fueron sentenciados a 78 años y 9 meses de prisión, cada uno, por su participación en los ilícitos de secuestro que causa la muerte y delitos vinculados a la desaparición de personas, en agravio del niño quien tenía cinco años.
La FGJEM detalló que el pasado 28 de julio de 2025, los ahora sentenciados privaron de la libertad al menor de edad, como medio de presión para exigirle a su madre el pago de un adeudo de mil pesos.
“Posteriormente, entre el 30 de julio y el 2 de agosto de ese mismo año, la ofendida acudió al domicilio de los agresores ubicado en el municipio de La Paz, para recuperar a su hijo, no obstante, Lilia, Ana Lilia y Carlos, lo ocultaron”.
Fue el pasado cuatro de agosto de 2025, que la ofendida denunció los hechos, por lo que elementos policiales realizaron una búsqueda del niño en el domicilio de los sujetos, donde fue localizado sin vida a causa de un traumatismo craneoencefálico.
La FGJEM, reconoció que la ofendida acudió el domingo tres de agosto de dicho año, al Centro de Justicia de La Paz a denunciar los hechos.
A las autoridades les dijo que “dejó a su menor hijo al cuidado de una amiga y esta no quería devolvérselo”.
La madre del menor fue atendida por un prestador de prácticas profesionales y no por el Ministerio Público quien se negó porque había que esperar el cambio de turno.
“Hay que esperar a la licenciada Brenda, porque yo ya me voy” y también le señaló que si la ofendida no tenía deseo de esperar, podía acudir a la agencia del Ministerio Público de Género.
“Luego de estas manifestaciones por parte de la autoridad, la madre de la víctima optó por retirarse y se presentó al día siguiente, el lunes 4 de agosto, a formular denuncia ante la Autoridad Ministerial en el Centro de Justicia para la Mujer ubicado en el municipio de La Paz”.
La Fiscalía especializada ordenó a la policía de género local, brindar apoyo a la víctima e inició la investigación por el delito de privación de la libertad.