Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en el nuevo giro de las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa “no hay ninguna fabricación de nada, al contrario, hay mucha solidez en las pruebas que se están presentando”, y ratificó que “ya no hay más documentos” en la Secretaría de la Defensa Nacional relacionados con el tema, más allá de lo que se entregó a las familias durante el gobierno de Andrés Manuel Lóepz Obrador.
Subrayó que “no hay construcción (de nada) y menos en un caso como éste, tan doloroso para los padres y para el pueblo de México; imagínense que de parte de el fiscal (Mauricio Pazarán) hubiera algún alguna fabricación de pruebas”.
Afirmó que “no tiene que haber preocupación porque se está cumpliendo con la ley. En un caso tan delicado jamás se va a fabricar una prueba, sería gravísimo… Es muy sólido”. Incluso, mencionó que “hemos estado hablando con madres y padres de familia y han estado de acuerdo con este procedimiento que ahora se está siguiendo”.
-Algunos expertos dicen que están queriendo construir una segunda versión histórica -se le insistió.
-Falso. Todo detenido tiene derecho a un abogado defensor y al sistema judicial que funciona, aunque los adversarios digan que no. Sí funciona y mejor que el anterior.
La mandataria explicó que el nuevo fiscal del caso generó nuevas líneas de investigación a partir de evidencia científica y testimonios.
“Todos sabemos que las primeras detenciones que se hicieron en el periodo de (Enrique) Peña Nieto con (Jesús) Murillo Karam fueron muchos detenidos vinculados con la delincuencia organizada y con policías municipales y después salió la mayoría porque un juez de Tamaulipas determinó que algunos de ellos habían sido torturados en el proceso”.
Y debido a la sentencia, dijo, “muchos de los testimonios de aquel momento no pueden ser utilizados como pruebas, aún cuando hay muchos testimonios que pudieran ser relevantes”.
Afirmó que el tema está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Murillo Karam detenido “porque se demostró que fabricó una narrativa que llevó a la verdad histórica”.
Pero el nuevo fiscal, “que es especialista en analizar otro tipo de evidencias, encuentra todas estas inconsistencias que no se habían investigado y están todas las pruebas relacionadas. Las hemos estado hablando con madres y padres de familia y han estado de acuerdo con este procedimiento que ahora se está siguiendo”.
La mandataria explicó que la Fiscalía General de la República investiga los nombres de los estudiantes que llegaron a la barandilla del juzgado en Iguala, Guerrero, la noche del ataque, donde -como parte de las nuevas líneas de investigación- fue ubicado el teléfono de uno de los normalistas desaparecidos.
“No sabemos si fueron 17 realmente (a la barandilla) y si son todos estos nombres (que se han dicho). En eso está trabajando la fiscalía”.
En su conferencia de prensa, negó que hubiera un infiltrado del Ejército en Ayotzinapa. Era estudiante y pertenecía al Ejército, “pero no necesariamente era un espía; estaba estudiando en Ayotzinapa y es parte de los 43 desaparecidos”.
Sobre el nutriólogo Irving Arroyo, preso en el Altiplano por su presunta participación en el caso, sostuvo que “está demostrado que participó en la llamada” con Rodolfo Rueda, propietario de una funeraria investigada y operadores de Guerreros Unidos.
Las nuevas investigaciones son sólidas, pero “si no hay una prueba suficiente, lo determinará el juez”, añadió.
En la mañanera, la presidenta pidió a la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, que pudieran recibir a la familia de Arroyo.
"Pero no hay ninguna fabricación de nada, al contrario, hay mucha solidez en las pruebas que se están presentando”.
Sobre los archivos del Ejército, sostuvo que “se abrieron en su momento con el presidente López Obrador para que las familias buscaran de manera directa y se ha entregado lo que existe a los familiares”.
-¿Ya no hay manera de que ellos obtengan más documentos?
-No hay más documentos, por lo que se nos ha informado, de lo que ya se entregó, y también saber que hay varios miembros de las Fuerzas Armadas, del Ejército en particular, detenidos no por la desaparición, sino por presuntos vínculos con delincuencia organizada, que ocurrió durante el periodo del presidente López Obrador.