Un procedimiento judicial en Torreón, Coahuila, terminó en una confusión luego de que el personal encargado acudiera a un domicilio distinto al señalado en la diligencia. La vivienda marcada con el número 148 fue intervenida cuando, según el relato de la propietaria, el inmueble que buscaban era el número 146.

La propietaria de la casa, identificada como Julia Robles, documentó en video lo ocurrido y explicó que se encontraba fuera de su domicilio cuando comenzaron las acciones.

Una vecina alertó a la propietaria

De acuerdo con el testimonio de Robles, una vecina se comunicó con ella para avisarle que había personas realizando un procedimiento en su vivienda. La mujer acudió al lugar para aclarar la situación y mostró documentación que acreditaba la propiedad del inmueble.

Al regresar, encontró que algunos muebles y objetos personales habían sido retirados de la casa y colocados en la vía pública, según su denuncia.

El domicilio señalado era el número 146

La información difundida sobre el caso indica que el personal buscaba otro inmueble, identificado con el número 146, y que la diligencia terminó realizándose en el 148.

La propia afectada señaló que se trató de una confusión de domicilio. Los reportes también indican que las personas que efectuaban el procedimiento reconocieron posteriormente el error y las pertenencias fueron regresadas a la vivienda.

El procedimiento estaría relacionado con un adeudo

Según la información difundida, la diligencia estaría relacionada con un adeudo bancario correspondiente al domicilio número 146, por lo que la familia que habita el número 148 no sería la destinataria del procedimiento.

El caso generó preocupación entre los vecinos, mientras la propietaria señaló que buscaría asesoría jurídica para determinar las acciones que correspondan por el ingreso a su vivienda y los daños que, según su versión, se habrían registrado durante la intervención.

Hasta el momento, los reportes consultados no identifican públicamente al juzgado responsable de la diligencia ni confirman que la afectada ya haya presentado una denuncia formal.