Reportes de inteligencia revelan que José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas ocuparon cargos en el aparato de seguridad federal en 1989, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, antes de convertirse en empresarios proveedores de material electoral.
Una investigación publicada por SinEmbargo reconstruye los antecedentes de los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, cuyos nombres aparecen en el centro de los señalamientos por presuntas irregularidades en contratos con organismos electorales.
De acuerdo con los reportes de inteligencia citados por el medio, José Alfredo trabajó en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) del 1 de enero al 1 de octubre de 1989, donde se desempeñó como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar.
Por su parte, Raymundo Francisco ingresó al organismo el 16 de febrero de ese mismo año y permaneció hasta el 1 de noviembre, con el cargo de subjefe de Investigaciones.
Su incorporación ocurrió durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, cuando el CISEN era dirigido por Jorge Carrillo Olea y la Secretaría de Gobernación estaba encabezada por Fernando Gutiérrez Barrios.
La investigación también señala que ambos habían trabajado previamente en la Dirección General del Registro Nacional de Población, donde tuvieron relación laboral con Padilla Aguilar.
Décadas después, los hermanos aparecen vinculados con empresas proveedoras de material electoral que obtuvieron contratos millonarios con organismos electorales estatales y federales.
Este 5 de noviembre, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó información sobre una red empresarial relacionada con los hermanos, que habría obtenido más de 2 mil 646 millones de pesos en contratos entre 2014 y 2025.
Entre los señalamientos expuestos por el Gobierno federal se encuentra la presunta simulación de competencia en licitaciones y la dispersión de recursos entre distintas empresas. Estos hechos deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio los vínculos entre antiguos funcionarios del aparato de seguridad, empresarios y estructuras relacionadas con la contratación de materiales electorales.
La pregunta central es cómo una relación que comenzó dentro del aparato de seguridad federal terminó conectada, décadas después, con un negocio millonario alrededor de las elecciones.
