Un juez federal de Estados Unidos ha frenado los planes del presidente Donald Trump para desplegar la Guardia Nacional de California en la ciudad de Los Ángeles, calificando la medida de ilegal y ordenando que el control de las tropas regrese de inmediato al gobernador del estado, el demócrata Gavin Newsom.

La decisión, emitida por el juez de distrito Charles Breyer, responde a una demanda presentada por el estado de California el pasado lunes, argumentando que Trump no tenía autoridad para movilizar tropas estatales sin el consentimiento de su gobernador.

Trump justificó su orden afirmando que era necesario enviar refuerzos para evitar disturbios y proteger a agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante operativos migratorios. Según el presidente, hasta 4.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines serían enviados a la ciudad para contener las protestas y “evitar que Los Ángeles se incendiara”.

No obstante, las autoridades locales insisten en que la situación está bajo control y que la presencia militar solo agrava la tensión. El gobernador Newsom celebró la decisión judicial a través de redes sociales, indicando que el tribunal acaba de confirmar lo que todos sabían, que “los militares pertenecen al campo de batalla, no a las calles de la ciudad”.

El juez Breyer, en su resolución, destacó que la pregunta esencial era si el presidente había cumplido la ley establecida por el Congreso sobre el despliegue de la Guardia Nacional. La respuesta, fue tajante. “No lo hizo. Sus acciones fueron ilegales. Por lo tanto, debe devolver el control de la Guardia Nacional de California al gobernador del estado de California de inmediato”, aseguró.

A pesar de ello, la orden judicial no tendrá efecto inmediato. El juez decidió suspenderla hasta el viernes por la tarde para dar tiempo a la administración a presentar una apelación, la cual fue interpuesta casi de inmediato.

En la audiencia, Breyer, hermano del ex juez de la Corte Suprema Stephen Breyer, invocó repetidamente la Constitución estadounidense, recordando que el poder presidencial tiene límites claros: “Hablamos del presidente ejerciendo su autoridad. Y, por supuesto, el presidente tiene una autoridad limitada. Esa es la diferencia entre un gobierno constitucional y el Rey Jorge”, afirmó, sosteniendo una copia de la Constitución en mano.

La administración Trump basó su actuación en una ley que autoriza al presidente a federalizar la Guardia Nacional en caso de “rebelión”. Pero para California, los disturbios recientes, que dejaron más de 300 detenidos y provocaron el cierre de una autopista, no alcanzan tal gravedad. “En ningún momento ha habido una rebelión o insurrección”, sostiene la demanda estatal, que denuncia el uso excesivo de la fuerza militar en un contexto que, según afirman, puede resolverse con recursos locales.

El fallo reabre un debate histórico en Estados Unidos sobre la autonomía de los estados frente al poder federal. No se vivía un despliegue de la Guardia Nacional sin consentimiento estatal desde la época de los derechos civiles, hace más de 50 años.