Varios grupos empresariales, entre los que se encuentra el encabezado por Ricardo Salinas Pliego, han presentado ante la SCJN 15 juicios para que no les sean cobrados más de 47 mil millones de pesos, que de aprobarse afectarán las finanzas públicas y por lo que la Ministra Lenia Batres Guadarrama plantea que se resuelvan de manera pública y transparente antes de que se extinga el actual máximo tribunal que preside Norma Piña Hernández.

Lenia Batres Guadarrama, una de las tres ministras que permanecerá en la nueva Suprema Corte, busca que sea el Pleno del máximo tribunal de justicia del país el que resuelva estos asuntos pendientes para que “los argumentos y razones del voto de cada uno de los ministros y ministras sean públicos y transparentes”.

“La resolución de los asuntos fiscales trascendentes por parte del Tribunal Pleno obligará a la publicidad de su presentación, discusión y votación, actividades que actualmente se encuentran ocultas en las sesiones privadas que llevan a cabo las Salas, incumpliendo la obligación de que sean públicas previstas en el Artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, advirtió la Ministra Lenia Batres.

En efecto, la Constitución establece que ??las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público.

La Ministra Batres sostuvo que otro motivo para que el Pleno resuelva estos asuntos de manera pública es por “la práctica cotidiana de la Segunda Sala de violentar el Reglamento de esta Corte al no retornar los asuntos y votar sentencias sin contar con proyecto”.

La Segunda Sala es presidida por el Ministro Javier Laynez Potisek, quien de 2008 a 2015 fue Procurador Fiscal de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ese mismo 2015 fue propuesto y llegó a la Corte. Otros ministros que integran esta sala son: Lenia Batres, Yasmín Esquivel, propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y Alberto Pérez Dayan, impulsado por Felipe Calderón Hinojosa para llegar a la Suprema Corte.

Por ejemplo, recordó la Ministra Batres, al resolver el Amparo en Revisión 392/2023 sobre una contribución al Gobierno de la Ciudad de México se votó en contra del proyecto de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa que declaraba constitucional la norma y sin retornar, se decidió aprobar una resolución en sentido contrario al proyecto presentado.

En ese sentido, indicó que así se siguen resolviendo asuntos fiscales “violando la normativa y sin tener una razón escrita que les dé sustento”. Por ejemplo, durante 2024 se resolvieron 31 juicios a favor de particulares por 3 mil 21 millones de pesos, de los cuales 30 fueron vistos por la Segunda Sala de la Suprema Corte y que implicaron 2 mil 846 millones 119 91 pesos en favor de particulares. Con lo que respecta a este año, de acuerdo a lo denunciado por la Ministra Batres, se han resuelto tres asuntos a favor de particulares por 15 millones 979 mil 630 pesos.

Apenas hace 15 días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó que el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena no intervenga en la discusión sobre la devolución de tres créditos fiscales que hace años realizaron tres grandes contribuyentes al Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuando él dirigía esta institución.

Uno de los asuntos que discutirán los actuales ministros será el caso que promovió Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para devolver, con intereses, un crédito fiscal que hace años realizaron tres grandes contribuyentes al Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuando él dirigía esta institución.

Los tres grandes contribuyentes que han requerido la devolución con intereses de un crédito fiscal son Operadora de Centros Comerciales Opción, SA de CV, que desembolsó 492 millones 398 mil 683 pesos y a quien, de aprobarse lo planteado por Gutiérrez Ortiz Mena, se estarían pagando 14 años de intereses con una tasa de interés superior a las del mercado, según pudo conocer SinEmbargo. Este es el caso que está en manos del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Hay otras firmas que también solicitan devolución de créditos fiscales con intereses, y en cuyos casos se ha pedido que el Ministro Gutiérrez Ortiz Mena se aparte de las discusiones.

En el listado al que tuvo acceso este medio aparece de igual forma Gigante Verde, S de RL de CV con un crédito fiscal de 58 millones 417 mil 931.45 pesos y a quien se estarían pagando 11 años de intereses con una tasa de interés superior a las del mercado. Este caso está en la primera sala de la Corte, en manos de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, quien fue titular del SAT al inicio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

También figura con dos créditos Risen Manufactura, SA de CV: uno por 697 mil 76 pesos, por cuyo monto se estarían pagando 4 años de intereses con una tasa de interés superior a las del mercado; y otro por 800 mil 055 pesos, por cuyo monto se estarían pagando 3 años, 11 meses de intereses con una tasa de interés superior a las del mercado. Estos dos asuntos están en la segunda sala de la Corte, en manos del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Existe, además, la deuda de Salinas Pliego por tres créditos fiscales que superan los 35 mil millones de pesos. La Suprema Corte proyecta negarle a este magnate tres amparos para que ya liquide su adeuda que equivale a casi la mitad de los 63 mil millones que debe al fisco de México, , como informó el periodista Álvaro Delgado en SinEmbargo. 

Uno de los proyectos es de la Ministra Lenia Batres Guadarrama, quien inclusive plantea que ante el fin de la actual SCJN, el 31 de agosto, las sesiones que aborden esos temas sean públicas.

“Ante la inminencia del término de la presente Corte, solicitaré que todos los asuntos fiscales que aún quedan pendientes de resolver en Salas se aborden en sesiones públicas del Pleno en vez de sesiones privadas en las que son obscuras (e injustificadas, desde mi punto de vista) las causas que sostienen deducción, exención o devolución de impuestos, como se ha resuelto con mayor frecuencia en las últimas sesiones”, expuso.

Batres Guadarrama, contra quien Salinas Pliego ha presentado recursos para que se excuse, tiene a su cargo el proyecto sobre deudas fiscales de 67 millones de pesos y el proyecto de sentencia es negarle el amparo.

Otro expediente, cuya ministra ponente es Yasmín Esquivel Mossa, data de 2008 y es por un crédito fiscal de mil 431 millones 466 mil pesos, y el otro que tiene su origen en 2013, que corresponde a Alberto Pérez Dayán, es el más cuantioso, por 18 mil millones 455 mil 467 pesos.

Ya con las actualizaciones, entre otras multas y recargos, la deuda de Salinas Pliego por estos tres créditos fiscales supera los 35 mil millones de pesos, que de aprobarse los proyectos de los ministros deben ser pagados de inmediato por el magnate.

El equipo jurídico de Salinas Pliego ha presentado sobre esos juicios 47 medios de impugnación en una clara estrategia dilatoria para que se resuelvan y por esa conducta ha sido hasta multado.

Aunque los juicios que involucran a las empresas de Salinas Pliego están perfilados para que se le ordene el pago de lo que adeuda, aún no se han definido las fechas para su votación en las salas o en el pleno de la SCJN, que preside Norma Piña, y eventualmente podrían irse hasta el siguiente máximo tribunal que inicia el 1 de septiembre.