La confrontación entre el gobierno federal y Grupo Salinas escaló este jueves, luego de que el conglomerado empresarial emitió un comunicado acusando presiones políticas, extorsión fiscal y persecución judicial en su contra. 

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, realizó un desglose detallado de los litigios fiscales que mantiene el grupo desde hace más de una década.

Grupo Salinas acusa persecución y censura

En su comunicado, Grupo Salinas afirmó ser víctima de un acoso sistemático por parte de las instituciones del Estado, orquestado —según señalaron— desde la administración del expresidente López Obrador y continuado por la actual gestión. 

Acusaron a la Procuradora Fiscal, Grisel Galeano, de actuar con autoritarismo, violar el debido proceso y utilizar el SAT para ejercer presión política.

El grupo calificó los adeudos fiscales como “extorsiones ilegales” derivadas de cobros dobles y abusivos, cuyo objetivo —sostuvo— es silenciar voces críticas y cubrir huecos financieros generados por los megaproyectos del sexenio pasado. Reivindicaron su derecho a la defensa legal y aseguraron que no serán silenciados.

Hacienda expone litigios prolongados

Durante la conferencia matutina, la procuradora Galeano detalló que Grupo Salinas mantiene 32 juicios activos desde hace hasta 16 años, con adeudos originados desde 2008. Explicó que el grupo ha interpuesto múltiples amparos, recursos, recusaciones e impedimentos para retrasar el cumplimiento fiscal.

Galeano aseguró que el grupo ha contado con todas las garantías procesales y que los tribunales han ratificado la legalidad de las actuaciones del SAT. “No han querido pagar”, sentenció, y exhortó a que se respete la justicia fiscal en beneficio del pueblo mexicano.

El caso, que involucra más de 74 mil millones de pesos en adeudos fiscales, reavivó el debate sobre el uso del aparato judicial, la legalidad en la fiscalización y los límites del poder empresarial en México.