Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR), aprehendió a Fausto Corrales Rodríguez, considerado testigo clave en el caso del secuestro de El Mayo zambada, ya que él es quien acompañó, el 25 de julio de 2024, a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión en la que el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) fue asesinado y El Mayo, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, fue secuestrado y posteriormente entregado a Estados Unidos.
La institución que dirige Ernestina Godoy Ramos dio a conocer que personal de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), detuvieron en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México a Corrales Rodríguez.
Lo anterior, con base en una orden de aprehensión emitida por un juez de control federal, por su probable intervención en los delitos de encubrimiento en el homicidio de Héctor Cuén, así como de falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.
Según las investigaciones, señalan que Corrales Rodríguez acompañó a al que fuera rector de la UAS a la reunión en la que Ismael Zambada presuntamente se reuniría con el ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.
“Posteriormente, se presume que incurrió en una serie de contradicciones en sus declaraciones y habría omitido proporcionar información verídica sobre lo sucedido, con la finalidad de desvirtuar la realidad y engañar a la autoridad, obstaculizando así el esclarecimiento de los hechos”, indico la FGR.
Según la FGR, con esta detención “se avanza en una de las líneas trascendentes de esta investigación, lo que permitirá cumplir los fines del proceso penal, en el contexto de un caso complejo que ha trascendido a la soberanía y seguridad nacional del país.
“Estos resultados son producto del trabajo continuo y exhaustivo de las y los agentes del Ministerio Público de la Federación a cargo de la investigación, quienes, en todo momento, han actuado bajo los principios de objetividad, debida diligencia, respeto al debido proceso y profesionalismo, que rigen la actuación de la institución responsable de procurar justicia en el ámbito federal”.