Bogotá. Sin cumplir aún dos meses de gobierno, el ultraderechista Abelardo de la Espriella enfrenta un duro revés en su política de seguridad al revivir los llamados falsos positivos –ejecuciones extrajudiciales– y con el regreso de los atropellos de la policía contra la población.
Tres casos despertaron indignación en el país y obligó a los organismos de control ciudadanos a pedir explicaciones al gobierno: Ricardo Rodríguez Martínez, muerto en un operativo de la policía contra una estructura armada ilegal; Luis Carlos Mojica Guzmán, desaparecido por parte del ejército, y Donovan Balanta, miembro de las comunidades afrodescendientes que habitan Bogotá, asesinado por la policía.
Sobre Rodríguez, de 18 años, se sabe que era un trabajador campesino y jornalero que se empleaba a destajo en la zona rural aledaña a la caribeña Santa Marta, escenario de confrontación del Estado contra fuerzas paramilitares dedicadas al narcotráfico y control político en la región desde hace 40 años.
Su madre, Marelvis Rodríguez, junto con su esposo e hijas denunció el asesinato de Ricardo alegando que “nada tenía que ver con organizaciones criminales, pues simplemente era un jornalero que se ganaba la vida para ayudar a la familia”.
La misma semana de su asesinato, considerado como un falso positivo, en las calles de Bogotá, capital del país, la policía, en un desproporcionado operativo, capturó y torturó hasta la muerte a Donovan Balanta, un afrodescendiente desplazado.
Imágenes exclusivas del @Canal91mas revelan claramente el momento de la detención de Balanta, la violencia con que fue reducido, la utilización de una pistola eléctrica por siete agentes de policía que posteriormente fueron retirados de la institución.
El tercer caso es el del campesino Luis Carlos Mojica Guzmán, que según la Junta Acción Comunal de la Macarena, departamento del Meta, al sur de Colombia, fue desaparecido por una unidad militar de la región.
Exigen justicia
La Defensoría del Pueblo pidió al gobierno del ultraderechista De la Espriella, una rigurosa investigación y el esclarecimiento de los tres casos; sobre Balanta, agregó que su muerte pudo obedecer a un hecho de discriminación racial que “merece ser castigado”.
Según Indepaz, institución privada que hace seguimiento al conflicto, la comunidad denunció que el Ejército asesinó al campesino Mojica Guzmán y después ocultó el cuerpo, “constituyéndose en un claro falso positivo que la institución debe esclarecer de inmediato”, haciendo eco a los reclamos de la comunidad.