Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este martes la primera orden de aprehensión que se libró en 2021 contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca por delincuencia organizada y lavado de dinero, que había sido frenada por un juez de Distrito, por lo que dio luz verde a que se ejecute.
Por unanimidad, el Pleno aprobó el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama que revocó el amparo que había obtenido el político panista para evitar su detención. No obstante, los ocho ministros formularon críticas a la metodología y a diversos argumentos de la propuesta, por lo que la ponente prometió atender algunos comentarios en la redacción de la sentencia final.
La Corte concluyó que el juez de amparo rebasó los límites del control constitucional al realizar una valoración sustantiva de los datos, propia del proceso penal y no de una etapa preliminar.
“El juicio de amparo no es un espacio para anticipar el debate probatorio ni para exigir un estándar de acreditación superior al previsto en el artículo 16 constitucional”, señaló Batres.
Una de las mayores críticas del proyecto de Batres fue la ministra Yasmín Esquivel Moss por la metodología que usó su par, aunque estuvo a favor de los efectos de no amparar a Cabeza de Vaca y revocar la sentencia.
“El proyecto no responde a los agravios planteados en contra de la sentencia que concedió el amparo, sino que se sustituye en el juez natural; es decir, en el juez de control que debía resolver si se actualizaban los requisitos necesarios para librar la orden de aprehensión. Al sustituirse en el juez de control, la sentencia podría vulnerar el derecho al juez natural, que forma parte de las garantías del debido proceso y exige a todos los órganos del Estado que cualquier persona sometida a la justicia sea juzgada exclusivamente por un tribunal competente para conocer del asunto.
“Me preocupa la propuesta que está sometida a la consideración de este Tribunal Pleno, pues coloca a la Suprema Corte en una posición que no le corresponde dentro del diseño constitucional que debemos proteger”, dijo Esquivel Mossa.
El caso se originó en denuncias contra el panista presentadas en julio y noviembre de 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero.
La imputación se basa en un presunto esquema de triangulación de recursos mediante contratos de obra pública del Gobierno de Tamaulipas por montos millonarios, transferencias entre empresas y una operación inmobiliaria a favor del exgobernador.