Con tal de abrirse las puertas del gobierno de Enrique Peña Nieto y venderle material de seguridad, incluyendo el spyware Pegasus, los empresarios israelíes Uri Emmanuel Ansbacher y Avishay Samuel Neriya entregaron 25 millones de dólares al mandatario, probablemente para su campaña política de 2012; este monto estuvo en el centro de un acuerdo conciliatorio que ambos firmaron a finales de 2024 para arreglar una disputa.

El presunto soborno, revelado por el medio israelí The Marker, figuraba en un acuerdo que ambos empresarios firmaron para repartirse las agencias de seguridad de México: ese documento se refería a los 25 millones de dólares como “una inversión conjunta (de Ansbacher y Neriya) en una figura de alto rango” en México, a la que identificaba como “el N”; en partes del acuerdo, se hablaba de “el mandato de N” o “el N electo”, en fechas y circunstancias que dejan poca duda sobre el hecho de que “el N” era Peña Nieto.

El reportaje de The Marker cita a una “fuente familiarizada con los negocios de ambos”, quien aseveró “que gran parte de los fondos mencionados en el proceso se destinaron a financiar gastos políticos, probablemente en la campaña que eligió a Peña Nieto como presidente en 2012”.

Durante el sexenio de Peña Nieto, al menos tres agencias tenían contratado Pegasus –la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen) –, y los utilizaron de manera masiva para intervenir los teléfonos de sus objetivos, incluyendo a miles de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.

Aunque Ansbacher y Neriya fueron socios en la empresa BSD Security Systems, que vendió sistemas de espionaje a agencias mexicanas de seguridad, ambos tuvieron sus negocios personales con instituciones en el país. Según el acuerdo de conciliación, consultado por The Marker, los empresarios se “repartieron” los clientes de México: algunas agencias “pertenecían” a Ansbacher y otras “pertenecían” a Neriya.

Además de vender Pegasus, los dos empresarios estuvieron involucrados en grandes negocios en las cárceles del país –incluyendo un contrato de mil 631 millones de pesos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS)–, en la venta de tecnologías de la empresa de drones Aeronautics y en la venta de equipo militar, así como en una obra relacionada con el agua.

Parte de los negocios continuaron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La Sedena, el primer cliente de Pegasus en el mundo, siguió celebrando contratos con empresas de Ansbacher durante el sexenio del tabasqueño, aunque la institución siempre se negó a transparentarlos, a pesar de una orden el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La institución castrense también siguió utilizando Pegasus, entre otros para atacar periodistas y defensores de derechos humanos, como lo revelaron Proceso y los demás medios que participaron en la investigación EjércitoEspía; entre las víctimas del espionaje castrense destacan el periodista Ricardo Raphael, el defensor de derechos humanos tamaulipeco Raymundo Ramos o los abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, pero también Alejandro Encinas Rodríguez –entonces subsecretario de derechos humanos en la Secretaría de Gobernación (Segob)– y varios altos funcionarios de su equipo.

La red de empresas de Ansbacher también tuvo contratos turbios con el Instituto Nacional de Migración (INM), que le pagó 324 millones de pesos en 2020, de los cuales 230 millones de pesos terminaron en 26 empresas de papel, según determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Una de las empresas contratadas por el INM, llamada Nemecisco, envió 248 mil dólares a una organización sin fines de lucro de Israel dirigida por el hermano de Neryia, a la que otras empresas de Ansbacher “donaron” recursos.

Y no solo esto: según The Marker, Ansbacher estaría tratando de “allanar su camino de regreso (a México) bajo el gobierno de la relativamente nueva presidenta Claudia Sheinbaum”, sin precisar si el polémico intermediario, quien se encuentre en el centro de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), ha tenido contratos con la nueva administración.

Intermediarios “por accidente”

En el marco de la investigación internacional Cartel Project, coordinada por Forbidden Stories y publicada en diciembre de 2020, Proceso reveló que Tomás Zerón de Lucio, quien fuera titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) durante el sexenio de Peña Nieto, había logrado huir de México y esconderse en Israel durante la pandemia gracias a sus vínculos con empresarios de ese país, incluyendo a Neriya.

Según The Marker, este empresario judío ultraortodoxo de familia rica tenía un acceso directo a Enrique Peña Nieto. En 2014, su gobierno lo nombró cónsul honorario de México en la ciudad israelí de Haifa. Durante el sexenio de Peña Nieto, Zerón fue uno de los actores centrales en la adquisición de tecnologías de espionaje.

Ansbacher, por su parte, es amigo de Shalev Hulio, el fundador de la empresa NSO Group, que desarrolló el spyware Pegasus. Durante el sexenio de Peña Nieto y el de López Obrador, Ansbacher tuvo la representación de NSO Group en México; el empresario ha sido investigado por la FGR en el marco del espionaje contra la periodista Carmen Aristegui.

Según The Marker, Ansbacher y Neriya llegaron a México a principios de la década de 2000 como emisarios de la organización Torá Mitzión, que busca reforzar los lazos entre comunidades judías e Israel. “Por accidente” se volvieron intermediarios en el negocio de la seguridad –es decir, en vender material y tecnología de Israel en México–, empezando con “equipo militar sencillo”. “Un judío necesitaba vender chalecos militares a México y les preguntó si sabían cómo conseguirlos; dijeron que sí, y a partir de ahí la cosa se despegó”, planteó el reportaje.

El reportaje del medio israelí señaló que el pleito entre Ansbacher y Neriya estalló cuando el primero reclamó al segundo por el incumplimiento de una promesa de reunirse en tres ocasiones con Peña Nieto, reuniones por las que Neriya le cobró cerca de 5 millones de dólares, y que de ahí se fueron a un arbitraje, en el que salieron algunos detalles de sus jugosos negocios en México.

Con información de Proceso