Bajo el argumento de que los 26 “generadores de violencia” enviados a Estados Unidos continuaban operando delincuencialmente dentro de las cárceles mexicanas “ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos”.y además buscaban beneficios judiciales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, defendieron el traslado de criminales como un “acto de soberanía” de México.

En conferencia de prensa, García Harfuch sostuvo que aún recluidos en cinco penales federales y cuatro federales, los 26 expulsados del país “continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas” autorizadas legalmente que “eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad”.

Sin explicar si esas actividades delictivas desde prisión implicaban la colusión de autoridades penitenciarias o si se habían integrado carpetas de investigación, el funcionario agregó que “muchos” de los 26 obtuvieron amparos para ser trasladados a “cárceles de baja seguridad e incluso se prevería que otros, actualmente en reclusión, en centros penitenciarios federales, recibieran resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones delictivas o incluso un riesgo de fuga”.

Como ejemplos de beneficios judiciales  obtenidos por delincuentes de alto impacto, García Harfuch contó que entre los 29 capos enviados a Estados Unidos en febrero pasado, Miguel Ángel Treviño, alias Z-40, logró posponer su proceso de extradición en 79 ocasiones, mientras que Óscar Treviño, alias Z-42, lo logró en 54.

A punto de entrar en vigor el nuevo Poder Judicial, que sustituiría según los argumentos oficiales a un Poder Judicial “corrupto”, el funcionario señalo que “existían también litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada, lo que de haberse concretado significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas”.

Tras siete años de gobiernos de Morena al frente de la seguridad pública y nacional, García Harfuch insistió que enviar a Estados Unidos a 26 personas implicadas en cárteles del narcotráfico fue una “medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos”, misma que forma parte de la anunciada Estrategia Nacional de Seguridad y contra la Extorsión.

Al puntualizar que se trató de “una decisión soberana” apegada a la Ley de Seguridad Nacional y determinada por el Consejo de Seguridad Nacional, García Harfuch reconoció la coordinación y cooperación con el gobierno de Estados Unidos para llevar a cabo el traslado de los “26 generadores de violencia”, contra quienes había en aquel país causas judiciales abiertas.

“El beneficio de los traslados es directamente para las víctimas mexicanas que han sido víctimas de estos sujetos, ya sea de extorsión, homicidio y todos los delitos que mencioné en los mensajes, donde muchas veces lamentablemente desde prisiones siguen operando.

“¿Cuál es el beneficio para nuestro país? Que ya no lo hagan, es eso, tal cual, de manera muy concreta, que, al sacarlos de nuestro país, no van a poder seguir operando en contra de la sociedad mexicana”,  es decir, de lo que se trata es de que “no continúen operando desde los centros penitenciarios y romper sus redes de influencia” puntualizó Omar García Harfuch.

Posibles nuevos traslados

El titular de la FGR apuntó la posibilidad de continuar realizando ese tipo de traslados, que se suman a los 29 registrados en este mismo año, ambos envíos en coincidencia con amenazas del presidente Donald Trump de la imposición de aranceles a México.

“Estas acciones se hacen a petición de un país requeriente, si hubiera alguna otra solicitud en el futuro, la consideraría el Consejo y, si es procedente, la vamos a cumplir; no es ni limitativo ni privativo, pero sí tiene que haber una solicitud de un gobierno y esa solicitud tiene que venir debidamente fundada y motivada”, dijo Gertz, quien destacó que dentro de las consideraciones que el país solicitante tiene que tomar en cuenta es que las personas requeridas no pueden ser sometidas a pena de muerte, por no ser compatible con la legislación mexicana.

Tras señalar que el fundamento jurídico que se ha usado tanto en el traslado estos 26 como de los 29 criminales enviados a Estados Unidos en febrero pasado es el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional y no el Tratado de Extradición, Gertz Manero dijo que los traslados representan “un mensaje fundamental que va dirigido a toda la delincuencia que opera en contra de los países”.

Apuntó que el mensaje es que “para defender a nuestra población y a la soberanía de nuestros países no va a haber ningún obstáculo legal que podamos nosotros incluir para no cumplir con las tareas fundamentales de defensa de nuestra sociedad”.

El fiscal general reiteró que las acciones están fundamentadas en “la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional, la Convención de Palermo, existe toda una estructura jurídica que nos permite sostener la soberanía y defender a nuestras instituciones y al pueblo de nuestros dos países, y eso es lo que estamos ejerciendo”.

De acuerdo a la SSPC en el operativo de traslado de los 26 criminales participaron 988 elementos y 90 vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía General de la República.

Los capos fueron salieron desde la Base Aérea Militar Número 1, de Santa Lucía, en 11 aeronaves de la Sedena  y una aeronave de la Semar, siendo ocho trasladados a White Plains en Nueva York;  uno a John F. Kennedy también en Nueva York; cinco a San Diego, California;  seis a Phoenix, Arizona, y seis a Dulles, Virginia.

Con información de Proceso