El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, "Alito", enfrenta una nueva controversia tras confirmarse la expropiación de cuatro terrenos en Campeche vinculados a personas cercanas a él, incluida su madre. La gobernadora Layda Sansores presentó el caso en su programa Martes del Jaguar, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum acusó que dichas propiedades serían producto de lavado de dinero y corrupción.
La versión de Layda Sansores
Sansores explicó que el decreto de expropiación se publicó en el Diario Oficial del Estado de Campeche, sustentado en la nueva Ley de Expropiación local. Señaló que antes los procesos podían ejecutarse sin aviso, pero ahora se establecen plazos y audiencias para garantizar legalidad.
De acuerdo con la mandataria estatal, los terrenos expropiados, ubicados en el fraccionamiento Miramar, suman ocho hectáreas y pertenecen a familiares y colaboradores de Moreno:
- Un predio de 1.4 hectáreas a nombre de su madre, Yolanda Mercedes Cárdenas Montero.
- Dos predios de 1,111 m² y 5.2 hectáreas a nombre de su arquitecto Juan José Salazar Ferrer, señalado como presunto prestanombres.
Otro terreno de menor tamaño a nombre de un particular
Sansores afirmó que estos predios, colindantes con la residencia cateadapreviamente al priista, estaban destinados a "amenidades" privadas como cancha de pádel, áreas de golf, jardín para fiestas y caminos internos, todo cercado con bardas.
La gobernadora sostuvo que los terrenos se usarán para la construcción de la Universidad Rosario Castellanos de la Salud, proyecto impulsado a nivel nacional, y añadió que han identificado al menos 34 propiedades ligadas a presuntos prestanombres de Moreno en Campeche.
La postura de Claudia Sheinbaum
Durante su conferencia en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que las propiedades vinculadas a Alejandro Moreno son resultado de recursos ilícitos: "Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción y por eso viene este esquema", afirmó.
Sheinbaum destacó que este tipo de casos refuerzan la necesidad de fortalecer la Ley de Extinción de Dominio, pues actualmente los procesos son largos incluso en delitos de delincuencia organizada. Explicó que la propuesta busca aplicar la figura no solo a casos criminales, sino también a actos de corrupción comprobada.
"Si se adquiere un predio tiene que demostrarse evidentemente. Si por corrupción, por mal uso de recursos, se compra un inmueble y se demuestra que eran recursos públicos o mal habidos, debe entregarse a la SEP para hacer escuelas y universidades", añadió.
La presidenta adelantó que presentará una iniciativa de reforma para ampliar el alcance de la extinción de dominio, originalmente planteada en torno a la gestión del agua, pero que incluirá casos de corrupción en bienes inmuebles.
La respuesta de Alejandro Moreno
Tras las declaraciones, Alejandro Moreno respondió de manera directa a través de redes sociales. Acusó a la presidenta de difamación y abuso de poder, y aseguró que procederá legalmente tanto en México como en instancias internacionales:
"Señora presidenta Claudia Sheinbaum, la voy a denunciar en México y a nivel internacional. Usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama", escribió.
El líder priista aseguró que su patrimonio es lícito y transparente, y que ya existen sentencias judiciales que validan su legalidad. Acusó al gobierno de Morena de instaurar una "narcodictadura", de proteger a políticos cercanos como Adán Augusto López y de usar al aparato gubernamental para distraer a la población de la supuesta complicidad con el crimen organizado.
"Estas mentiras y calumnias no son otra cosa más que distractores de Morena para evadir su responsabilidad ante la evidente complicidad entre el gobierno y el crimen organizado", sentenció.
El decreto publicado establece que los predios expropiados son de utilidad pública, por lo que los procesos de amparo interpuestos por prestanombres no detendrán el avance del proyecto. Sansores aseguró que los propietarios tendrán derecho a audiencias y a negociar el precio, pero que la decisión de construir la universidad es irreversible.
