El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, sufrió un revés judicial significativo: Un juez federal ha anulado el juicio de amparo que había promovido con la intención de blindarse contra cualquier nueva orden de aprehensión que pudiera emitirse en su contra.

Esta decisión del juez federal lo deja nuevamente sin protección legal, con lo que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene el camino libre para ejecutar cualquier orden de captura pendiente o futura relacionada con las diversas acusaciones que pesan sobre el exmandatario.

Síntesis de la trayectoria del tema

Silvano Aureoles ha sido objeto de investigaciones federales por presuntos delitos que incluyen peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Estos cargos se derivan principalmente de un supuesto desfalco superior a los 3 mil 412 millones de pesos por la compra a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil en diversos municipios de Michoacán.

Ante las acusaciones, el exgobernador ha recurrido constantemente al juicio de amparo para evitar su detención. En ocasiones anteriores, Aureoles había obtenido suspensiones provisionales que temporalmente frenaban su captura, aunque estas protecciones judiciales han sido revocadas al incumplir con las condiciones impuestas, como presentarse ante la autoridad o depositar garantías económicas.

La anulación de este último amparo “buscador” (recurso que se tramita para conocer si existen nuevas investigaciones o mandamientos judiciales) se suma a una serie de reveses legales que indican la creciente vulnerabilidad judicial del exfuncionario.

Comentarios relevantes y consecuencias

El fallo del juez tiene importantes implicaciones para el exgobernador, quien actualmente se encuentra fuera del país y ha calificado las acusaciones como una “persecución política”:

• Vía libre a la detención: Al anularse el amparo contra órdenes de aprehensión futuras, el exgobernador queda sin el único recurso que podría impedir su captura inmediata si la FGR obtuviera un nuevo mandato judicial o ejecutara alguno existente.
• Incumplimiento y evasión: La situación se agrava debido a que el exgobernador ha evadido comparecer ante la justicia en audiencias previas por los delitos de peculado y asociación delictuosa, lo que podría llevar a que se le dicte prisión preventiva justificada en caso de ser detenido.
• Procesos en curso para excolaboradores: La judicialización del caso avanza con o sin la presencia de Aureoles. Varios de sus excolaboradores, incluyendo exsecretarios de Finanzas y de Seguridad, ya han sido vinculados a proceso por los mismos ilícitos, lo que refuerza la validez de las acusaciones de la FGR.

La decisión judicial reafirma la postura de las autoridades de continuar con los procesos legales por presuntos actos de corrupción y desvío millonario de recursos durante su administración en Michoacán.

Con información de Revolución Tres Punto Cero