Alumnos de escuelas normales rurales demandaron una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para buscar soluciones a la “escalada de violencia que se ha alcanzado en nuestras instituciones y frenar la criminalización de los estudiantes”.
Sin embargo, rechazaron participar en la llamada marcha de la generación Z, anunciada para este 15 de noviembre, porque “promueve el odio y surge de intereses que busca promover los grupos de derecha”.
En conferencia de prensa frente a la sede de la Secretaría de Gobernación (SG), denunciaron el caso de Eder Israel Aparicio, alumnos de la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga” de Tiripetio, Michoacán, quien afirmaron “fue víctima de torturador por parte de funcionarios de la procuraduría estatal y permanece privado de su libertad”.
Los estudiantes también condenaron el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, y exigieron que se haga justicia ante este “lamentable crimen”.
Solicitamos, indicaron, una mesa de diálogo para que también se atiendan nuestros pliegos petitorios, los cuales fueron entregados desde el pasado 15 de octubre sin que hasta la fecha se haya dado alguna respuesta, y éstos incluyen demandas de Infraestructura, equipamiento y mejora de nuestras escuelas.
Elisa Martínez, alumna de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles, Puebla, recordó la “represión que vivimos por el gobierno del estado el pasado 2 de septiembre, cuando se realizaba una protesta pacífica frente a Casa Aguayo, lo que dejó un saldo de 105 compañeras detenidas, así como alumnos de otras normales rurales”.
Vivimos bajo un “cerco de vigilancia, en el que incluso se usa drones para vigilarnos en nuestro campus, lo que nos parece inaceptable porque la policía debe estar para protegernos, no para vigilarnos y criminalizar nuestro derecho a exigir seguridad en nuestra escuela y en las comunidades donde acudimos a hacer prácticas”.
Leidy Gómez, alumna de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá, Chiapas, señaló que el gobierno federal “se llena la boca diciendo que todas las normales tienen condiciones para atender a los alumnos, y que se da una buena educación, cuando eso no es verdad, y prueba de ello son las normales rurales”.
Destacó que el llamado a la administración federal es a que “atiendan nuestras demandas, pero también que se nos tome en cuenta cuando se diseñan planes como el de paz y justicia en Michoacán, porque somos los primeros en ser criminalizados por las autoridades, pese a que somos también los más vulnerables ante la violencia que enfrentan nuestras comunidades y escuelas”.
Con información de La Jornada.