El empresario Ricardo Salinas Pliego podría enfrentar medidas de embargo sobre cuentas, propiedades y marcas registradas si no liquida los adeudos millonarios que mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La advertencia surge luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmara la validez de los créditos fiscales que pesan sobre el dueño de Grupo Salinas.

SCJN valida adeudo superior a los 48 mil millones de pesos

El máximo tribunal del país ratificó recientemente que Salinas Pliego debe más de 48 mil millones de pesos, derivados de obligaciones fiscales acumuladas durante varios años. Con esta resolución, la deuda queda firme y lista para ser exigida por completo.

Embargos, congelamiento de cuentas y más: las herramientas del SAT

Con el crédito fiscal ya confirmado, el SAT está facultado para iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución, mecanismo que permite aplicar embargos en caso de no pago.

Entre los bienes que podrían ser asegurados se encuentran:

 • Cuentas bancarias

 • Inmuebles

 • Acciones y participaciones empresariales

 • Inventarios

 • Marcas registradas

La autoridad también puede ordenar el congelamiento de cuentas si detecta riesgo de que el contribuyente busque ocultar o mover recursos para evadir el pago.

Posible impacto financiero para su conglomerado empresarial

De avanzar estas acciones, las empresas de Salinas Pliego —incluidas televisora, bancos y comercios— podrían enfrentar restricciones operativas. La inmovilización de activos limitaría su capacidad de inversión y presionaría su liquidez, además de afectar la percepción del sector financiero sobre la estabilidad del grupo.

Reacciones políticas y postura del Gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que no existe impedimento para que el empresario pague de inmediato:

“Si quieren pagar, que paguen; no se necesita una mesa técnica con el SAT”.

Por su parte, especialistas en materia fiscal señalan que, tras la confirmación judicial, la autoridad cuenta con todas las facultades para proceder con medidas severas para recuperar el monto adeudado.

El caso marca un precedente significativo en la relación del Estado con los grandes corporativos, al subrayar que incluso los conglomerados más poderosos están obligados a cumplir con sus responsabilidades fiscales.