En dos audiencias distintas, este fin de semana fueron vinculados a proceso María Fernanda “N”, Brandon Jonathan “N” y Fátima Isabel "N" por su posible participación en el delito de homicidio doloso cometido con ventaja y traición en contra del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, reportado como desaparecido en Tultitlán.
Para desahogar la investigación complementaria de esta segunda imputación, el juzgador estableció un plazo de tres meses. Los detenidos ya habían sido vinculados a proceso por la desaparición del clérigo.
Durante las audiencias de imputación, el agente del ministerio público señaló que el 29 de octubre pasado el sacerdote se reunió en un hotel de Tultitlán con Fátima, quien en sede ministerial reveló que, más tarde, con el propósito de robarle, llevó a la víctima al departamento de Brandon, ubicado en el mismo municipio, y en su complicidad lo durmió con gotas de clonazepam.
Brandon habría aprovechado el sueño del clérigo para atarlo de sus extremidades, con unos cables, a la cama, pero más tarde éste despertó, gritó, y para acallarlo, el hombre lo cubrió con una cobija y golpeó con un bate; después lo arrastró al baño, dónde habría consumado el crimen.
Las periciales de la Fiscalía revelaron que el clérigo murió por traumatismo craneoencefálico, mientras los exámenes toxicológicos dieron negativo al consumo de alcohol y estupefacientes.
Después, Brandon y Fátima metieron el cuerpo en bolsas negras de basura, lo envolvieron con una cobija y lo introdujeron en un sillón. Un amigo de Brandon, que se encuentra prófugo, habría ayudado a subir el sillón al techo de un automóvil negro para llevarlo a tirar a un canal de aguas negras del municipio de Nextlalpan el 30 de octubre, donde finalmente fue encontrado.
Conforme a la narración del MP, María Fernanda acudió al siguiente día al departamento para ayudar a limpiar la escena del crimen.
Después, Fátima vendió la camioneta del sacerdote en 37 mil pesos en Actopan, Hidalgo.
En el Estado de México, el homicidio doloso se sanciona con una penalidad de hasta 70 años de prisión, mientras la desaparición cometida por particulares puede castigarse con hasta 50 años de cárcel.
Con información de Proceso