La Fiscalía General de la República (FGR) intentará imputar a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por uso ilícito de atribuciones y facultades por recibir la pensión vitalicia que Petróleos Mexicanos (Pemex) le otorgó por la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla.
Por ello, María Amparo Casar está citada para el próximo 16 de diciembre en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente para comparecer en una audiencia inicial ante la jueza Diana Selene Medina Hernández.
Esto, luego de que la FGR judicializó la carpeta de investigación que inició contra la presidenta de MCCI, en la que afirma que cometió dicho delito al obtener una pensión vitalicia otorgada por Pemex luego de que su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, se suicidó el 7 de octubre de 2004.
El pasado 13 de mayo de 2024, la FGR dio a conocer que la carpeta de investigación fue iniciada desde el 5 de abril del mismo año luego de que Pemex denunció a María Amparo Casar y sus hijos por considerar que la pensión post-mortem que consiguieron fue ilícita.
Esto debido a que el exfuncionario no murió por accidente, como se indicó en su momento y como fue asentado por la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en el año 2005, sino porque se suicidó.
Con ello, la familia cobró más de 17 millones de pesos por el seguro de vida y gastos funerarios que tenía el exfuncionario, así como una pensión de casi 130 mil pesos mensuales para María Amparo Casar y 15 mil 434 mensuales para cada uno de sus hijos hasta que cumplieran 25 años y culminaran sus estudios.
Estas acusaciones también fueron dadas a conocer en mayo de 2024 por el entonces director de Pemex, Octavio Romero, quien indicó que con diferentes acciones legales contra la familia Márquez Padilla Casar, la petrolera buscará recuperar más de 31 millones de pesos que consideró fueron pagados indebidamente.
Fuentes federales confirmaron a Proceso que actualmente María Amparo Casar enfrenta tres litigios en materia civil, administrativa y ahora este en materia penal.
Luego de que Pemex denunció a María Amparo Casar y su familia, ordenó suspender el pago de su pensión, por lo que la presidenta de MCCI tramitó un amparo ante el juzgado Sexto de Distrito en materia del Trabajo en la Ciudad de México.
Inicialmente el juez le concedió una suspensión de plano con la que ordenó a Pemex continuar pagándole su pensión a María Amparo Casar.
De acuerdo con los registros del expediente 1325/2025, el 25 de febrero de 2025, el juez sobreseyó el amparo, es decir, cerró el caso sin pronunciarse si estuvo bien o no que Pemex suspendiera el pago, porque afirmó que la petrolera le indicó que a partir de que se le concedió la suspensión de plano, le continuó pagando.
Entonces, al considerar que cesaron los efectos del acto que Casar reclamó por parte de Pemex –la cancelación de su pago-, el juez sobreseyó el asunto.
“El acto esencialmente reclamado por la quejosa, consiste en la suspensión del pago de la pensión post mortem recibida por la aquí quejosa, con el carácter de beneficiaria. Por lo que, se aprecia que se tiene demostrado, que tal omisión cesó en sus efectos, desde que la señalada como responsable, por una parte dio cumplimiento a la suspensión de plano aquí decretada y, por otra parte, con motivo del cumplimiento a la suspensión definitiva; tal como se corrobora con las documentales exhibidas por la institución petrolera responsable, aunado a que no existe manifestación contraria por parte de la peticionaria de amparo”, señala el fallo.
“Lo que hace evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, al haber continuado, hasta la fecha, el pago de la pensión post mortem, por tanto, este juicio de amparo queda sin materia sobre el cual realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se reclamaba de Petróleos Mexicanos; asimismo, se puede decir que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional; pues se continuó con los pagos correspondientes, en tiempo y forma”.
Contra esta determinación, María Amparo Casar tramitó un recurso de revisión que fue admitido a trámite por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia del Trabajo en la CDMX y que desde septiembre de este año está en la ponencia del magistrado Francisco Peñaloza Heras, quien no ha presentado aún su proyecto de resolución.
Con información de Proceso