La exfuncionaria pública, María Amparo Casar, hoy directora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), habría generado un daño al erario público mayor a los 31 millones de pesos que se decían en un principio derivados de su irregular pensión vitalicia y otras prestaciones financiadas con recursos de Pemex.

De acuerdo a una investigación realizada por la periodista Nancy Flores para el medio Contralínea, Pemex no solo autorizó la pensión vitalicia, sino también el pago de seguros y otras prestaciones económicas a la periodista, lo que permitió que, durante casi dos décadas, Casar Pérez recibiera pagos mensuales superiores a 130 mil pesos, acumulando un monto que rebasa los 31 millones de pesos.

Además de la pensión, la investigación documenta que Pemex pagó colegiaturas y gastos académicos de los hijos de Casar Pérez en el ITAM, una de las universidades privadas más costosas del país, lo que incrementó el monto del presunto daño patrimonial. Y no solo pagó las licenciaturas, sino que también costeó lo posgrados de ambos hijos de Casar en el ITAM. Todos estos pagos están registrados en un expediente de 372 fojas que sustenta la acusación por uso ilícito de atribuciones y facultades.

Uno de los elementos que analiza la FGR es que, cuando se gestionaron los beneficios, María Amparo Casar ocupaba un alto cargo en la Secretaría de Gobernación, como coordinadora de asesores del panista Santiago Creel Miranda, lo que abre la línea de investigación sobre un posible uso de influencias para obtener resoluciones favorables en tiempo récord.

Actualmente, la Fiscalía busca que Casar Pérez restituya los recursos que, según Pemex, fueron cobrados de manera indebida durante casi 20 años. Y es que lo irregular de la situación es que el esposo de Amparo Casar murió tras caer de una ventana del piso 12 del edificio A de la sede central de la paraestatal; sin embargo, aunque el peritaje indica que se trató de un suicidio, en ninguno de los documentos difundidos y por los que se entregó la pensión se asienta tal hecho, que hubiera invalidado la pensión vitalicia.

Asimismo, tras el deceso, el 19 de octubre de 2004 se solicitó al área correspondiente el pago de la pensión posmortem a favor de los beneficiarios, con efectos a partir del 8 de octubre, un día después del deceso, cuando regularmente el proceso tarda meses.

Este hecho fue dado a conocer en 2024, hecho que permitió que la pensión fuera suspendida, sin embargo, la periodista consiguió ayuda del Poder Judicial quien le otorgó un amparo para poder seguir cobrando su pensión bajo el argumento de que afectaba gravemente los ingresos de la directora de MCCI.