La compañía Transportadora Silza S.A. de C.V. ha pagado hasta el momento 430 millones de pesos, de un total de 480 millones, por concepto de indemnizaciones establecidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX).

Ya se indemnizó a las familias de las 29 de las 32 personas fallecidas y a 50 de las 52 que resultaron heridas tras la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

En conferencia de prensa la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y la fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde informaron sobre las indemnizaciones. La fiscal detalló que aún están pendientes de indemnización las familias de tres personas fallecidas, lo cual “tiene que ver con procesos sucesorios y de guarda y custodia de menores que fueron víctimas indirectas de estos terribles hechos”. También están pendientes dos personas lesionadas.

En relación con los montos entregados, Alcalde explicó: “No podemos dar cifras específicas por cuestiones de seguridad, ya que es información reservada; sin embargo, 266 millones de pesos corresponden a familiares de personas fallecidas; 136.5 millones, a personas lesionadas, y 27 millones, a personas que sufrieron otro tipo de daños. Esos son los pagos que ya se realizaron”.

Sobre la investigación, la fiscal detalló que participaron 16 especialidades forenses, se emitieron más de 270 dictámenes y se realizó un análisis integral de la vía de circulación, el vehículo, los sistemas mecánicos, las imágenes de videovigilancia, la topografía del lugar y estudios especializados en mecánica, incendios, instalaciones de gas, química, arquitectura, seguridad industrial y criminalística de campo.

La abogada de la CDMX dijo que existió: “Responsabilidad inmediata por parte del conductor, quien desafortunadamente falleció, debido al exceso de velocidad y la pérdida de control del vehículo al desviarse de su carril e impactarse contra el muro”.

Además, indicó que la evidencia técnica muestra que la empresa operadora incumplió diversas obligaciones, lo que generó condiciones de riesgo que pudieron incidir en la ocurrencia del accidente.

La fiscal destacó que la empresa tenía el deber de capacitar adecuadamente al operador en conducción segura de unidades que transportan materiales peligrosos, manejo de curvas elevadas, protocolos de emergencia y procedimientos ante fugas de gas, así como supervisar las jornadas de conducción para verificar tiempos de descanso, límites de horas al volante y factores de fatiga.

Subrayó que los estudios realizados: “Descartaron problemas en la vía de circulación, fallas mecánicas del vehículo o factores naturales externos que pudieran haber generado el accidente. La infraestructura cumplía con los parámetros normativos, el vehículo no presentaba fallas previas al impacto y las condiciones meteorológicas eran estables”.

“La solidez y profundidad de esta investigación permitió a la fiscalía negociar desde una posición firme y bien sustentada”, aseveró Alcalde, tras explicar que la empresa optó por asumir compromisos de reparación del daño y participar en procesos de mediación antes de llegar a una etapa judicial.

Añadió que este tipo de acuerdos solo se concretan cuando existe voluntad de las víctimas: “Cada familia puede evaluar las propuestas, solicitar aclaraciones o ajustes y tomar la decisión que considere más adecuada a su situación. La fiscalía respeta y seguirá acompañando todas las decisiones que tomen”.

Por otro lado, sobre la situación de las 52 personas que resultaron heridas y fueron hospitalizadas tras la explosión, la secretaria de Salud local, Nadine Gasman, informó que todas cuentan con seguimiento médico de acuerdo con sus necesidades.

“Algunas continúan con curaciones, otras están siendo valoradas para cirugía plástica; tenemos 13 personas en rehabilitación y 23 en tratamiento de salud mental”, dijo.

Así mismo, Gasman explicó que el tiempo de recuperación es variable, ya que depende del tipo de lesión y de su evolución. Señaló que las instituciones de salud han mantenido la atención incluso para personas que no eran derechohabientes, lo cual ha sido fundamental para los pacientes y sus familias.

Afirmó que el compromiso del IMSS Bienestar, IMSS, ISSSTE, Pemex y el Instituto de Rehabilitación es dar seguimiento hasta que las personas recuperen, en la mayor medida posible, su funcionalidad y autonomía.

En tanto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, indicó que como parte de una política de prevención y no repetición, el Gobierno capitalino implementó modificaciones al Reglamento de Tránsito para limitar los horarios de circulación de pipas con hidrocarburos, reducir el límite de velocidad a 30 km/h y disminuir las cantidades de sustancias peligrosas que pueden transportarse en la ciudad.

Anunció que el próximo año se presentará una aplicación para monitorear en tiempo real a las pipas que transportan gas o hidrocarburos, con el fin de conocer su ubicación, velocidad y condiciones de operación.

La mandataria local subrayó que el 10 de septiembre “es una fecha que quedará en la memoria de nuestra ciudad. Fue un día trágico que nos golpeó y nos conmovió, y que no vamos a olvidar”.

Amplió que este suceso puso a prueba al Gobierno y a la Fiscalía, al tratarse de un evento sin precedentes por el número de víctimas.

“El resultado dejó muy claro de qué lado está el gobierno y de qué lado está la fiscalía: del lado de las víctimas y de la justicia”, concluyó.

Con información de Excélsior