El pleito entre Ricardo Salinas Pliego y el Gobierno de Claudia Sheinbaum por las deudas que el empresario arrastra con el fisco ha tomado vuelo internacional este martes por la mañana. El magnate ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que acepte su denuncia contra el Estado mexicano por la “persecución política” que padece, argumenta, desde 2023, cuando la Administración comenzó a perseguir con más ahínco el dinero que debe al fisco, en algunos casos, desde 2007. Salinas Pliego agotó todas las instancias nacionales el pasado noviembre, tras perder en la Suprema Corte varios juicios en los que se jugaba un total de 51.000 millones de pesos. Entonces amenazó con elevarlo a instancias internacionales, y esta mañana ha cumplido con la advertencia. 

En su solicitud, el conglomerado empresarial denuncia un hostigamiento “fiscal, judicial y administrativo”, que busca “restringir su libertad de expresión y su participación en el debate público”, de acuerdo con el comunicado hecho público este martes, después de que el magnate se reuniera con el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington. En el texto, el Grupo Salinas detalla la lista de agravios que considera que el Estado mexicano le ha infligido, entre los que se encuentra el despliegue de “auditorías excesivas”, el daño a la “reputación” del presidente del Grupo a través de medios de comunicación y vocerías públicas, el “uso político del aparato fiscal” y la “captura del Poder Judicial”, esto último achacado a la reciente reforma judicial que renovó de un plumazo y por voto popular a la mitad de la judicatura. “Salgo muy contento y con más convicción de que a mí no me van a doblar”, ha manifestado el empresario en un vídeo, tras su reunión: “Vamos a plantarle cara al régimen del cártel de Morena”.

El golpe de Salinas Pliego llega unas semanas después de que Hacienda estableciera el monto definitivo que el empresario deberá pagar al Servicio Tributario (SAT). Tras las consecutivas derrotas judiciales, este era el último elemento que faltaba por fijar para que el proceso entrara en la fase final, la de ejecución. El comienzo de esta etapa, tras 15 años de batalla judicial y mediática, deja al magnate sin apenas opciones para eludir el millonario desembolso, engordado por los retrasos. El Gobierno anunció antes de Navidad que le requeriría la entrega este mismo enero, pero los 51.000 millones podrían reajustarse hasta en un 39% si el empresario decidiera pagar voluntariamente, según explicó el responsable del SAT, Antonio Martínez Dagnino. No parece, sin embargo, que esa sea la vía por la que vaya a optar el quinto hombre más rico de México que, lejos de claudicar, ha decidido escalarlo a las instancias internacionales.

La denuncia del magnate mantiene vivo el pleito mediático que mantiene diariamente con la presidenta, que ha adquirido casi tanta importancia como el que han protagonizado en los tribunales. Judicialmente, sin embargo, el golpe de efecto no tendrá grandes consecuencias en el proceso que Salinas Pliego deberá encarar este año, una vez Hacienda le requiera oficialmente el pago de las deudas acumuladas. Pueden pasar años hasta que la CIDH resuelva si acepta o no pasar a la Corte Interamericana la denuncia presentada esta mañana. En caso de que decida hacerlo ?un escenario improbable, de acuerdo con algunos expertos, por la naturaleza fiscal del asunto, una temática poco frecuente en este tipo de tribunal?, la propia Corte tardaría años en resolver la cuestión. Finalmente, aunque fallara a favor del conglomerado empresarial, muy difícilmente podría revertir el desenlace del proceso, cuyos plazos se han acortado tras la reforma al recurso de amparo aprobada por el Congreso este otoño. Sería, en todo caso, una victoria simbólica.

De momento, sin embargo, el triunfo simbólico continúa en el campo del Gobierno, que ha hecho del combate contra los grandes deudores uno de sus caballos de batalla. Sheinbaum necesita aumentar la recaudación para mantener los cuantiosos programas sociales que vertebran su proyecto político, y la única forma de hacerlo sin recurrir a una reforma fiscal es tapar los agujeros por donde se ha escapado durante décadas el dinero que debía entrar en las arcas públicas. Salinas Pliego es solo la superficie visible de un iceberg que representa dos billones de pesos atorados en los tribunales por créditos fiscales impugnados. Se ha convertido, sin embargo, para el Ejecutivo, en la imagen más representativa de quienes recurren a la ingeniería fiscal para eludir el pago de impuestos y luego implementan técnicas judiciales dilatorias para evitar responder a los reclamos de Hacienda. 

La batalla es más encarnizada que cualquier otra porque ha adquirido fuertes tintes políticos. El empresario es una de las voces que se oponen con más fiereza y visibilidad al Gobierno morenista, que le responde con el mismo rechazo en las conferencias matutinas de la presidenta. Él es, también, quien más y mejor ha capitalizado las protestas contra el Ejecutivo que en un primer momento se atribuyeron a la generación Z, pero que más tarde revelaron un amalgama de participantes que abarcaban distintos espacios del espectro opositor. Su poder mediático converge con una influencia política cada vez mayor, un escenario con el que tontea a cada tanto, aunque todavía no se ha decidido a dar el salto definitivo. Ha logrado, sin embargo, que el PAN, el principal partido opositor, le abra las puertas de su formación para convertirse en su próximo candidato. El de este martes es solo el último episodio de una larga disputa que todavía no termina y que se libra en muchos frentes a la vez. El final de este capítulo, no obstante, no llegará hasta mucho tiempo después.

Con información de El País