En un nuevo giro dentro del complejo entramado legal que rodea al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, el Poder Judicial de la Federación emitió una resolución que pone un freno temporal a la apertura del juicio oral en su contra por delitos de índole federal. 

Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, fue el encargado de conceder una suspensión provisional que detiene el curso del proceso una vez que se agote la denominada etapa intermedia.

¿Cómo va el proceso legal contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua?

Esta medida cautelar surge como respuesta a un recurso de amparo promovido por la defensa del exmandatario priista, el cual busca impugnar el auto de vinculación a proceso dictado previamente. 

De acuerdo con lo estipulado por el juzgador, esta determinación no implica bajo ninguna circunstancia la obtención de la libertad para Duarte; por el contrario, su único efecto es congelar el procedimiento judicial para garantizar que el amparo sea desahogado y se resuelvan las posibles irregularidades señaladas por sus abogados.

La acusación central, liderada por la Fiscalía General de la República (FGR) bajo la gestión de Ernestina Godoy Ramos, sostiene que Duarte orquestó un sofisticado mecanismo de lavado de dinero durante su administración (2010-2016). 

Según las indagatorias, el exgobernador habría simulado la entrega de apoyos económicos destinados al sector ganadero y programas de apoyo al campo para desviar recursos públicos.

Las cifras presentadas por las autoridades federales estiman que el monto del blanqueo asciende a aproximadamente 73.9 millones de pesos.

Se alega que estos capitales fueron canalizados de manera dolosa hacia diversas empresas en las cuales el propio exgobernador figura como accionista mayoritario. 

Posteriormente, los fondos habrían sido transferidos a sus cuentas personales, así como a las de su esposa e hijos, consolidando así el presunto enriquecimiento ilícito a costa del erario chihuahuense.

César Duarte se encuentra actualmente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, conocido como el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez. 

Su estancia en este centro de máxima seguridad comenzó tras su captura el pasado 8 de diciembre de 2025, momento en que agentes de la FGR ejecutaron una orden de aprehensión al salir de su domicilio en la capital de Chihuahua.

Este caso marca un hito importante al ser el primer proceso federal que enfrenta, separándose de las causas previas del fuero común por peculado y asociación delictuosa que lo mantenían bajo prisión domiciliaria con brazalete electrónico. 

El avance de esta causa federal fue posible gracias a que, el 4 de diciembre de 2025, el Gobierno de los Estados Unidos otorgó una excepción al principio de especialidad. 

Esta autorización diplomática permitió a las autoridades mexicanasprocesarlo por delitos distintos a los que motivaron su extradición original desde Miami en junio de 2022.

A pesar de que recientemente otro intento de amparo contra su detención fue desechado por el juez Alejandro Latorre Lozano debido a que la defensa no ratificó la demanda, esta nueva suspensión otorgada por el juzgado cuarto le brinda un respiro procesal. 

Mientras se cumple el plazo de seis meses fijado para la investigación complementaria, el destino legal del exmandatario permanece anclado a la resolución de este amparo en el Estado de México.

Con información de Telediario