La Fiscalía General de la República (FGR) pedirá de 40 a 90 años de prisión para el alcalde de Tequila detenido, Diego Rivera Navarro, esto por secuestros y al menos 20 extorsiones documentadas.
El Occidental señala que dentro del expediente 39/2026 se hace constar que la investigación inició en 2025, a partir de denuncias anónimas que posteriormente se fortalecieron con investigaciones directas realizadas con los propios agraviados y testigos clave
Estas diligencias no solo se llevaron a cabo en Tequila, sino también en San Juanito Escobedo, Zapopan y Juanacatlán, en el estado de Jalisco.
Derivado de las indagatorias, se giraron seis órdenes de aprehensión, de las cuales cuatro fueron cumplimentadas en contra del ahora exalcalde Diego R., el excomisario Juan Manuel N., el exdirector de Catastro Juan Gabriel N. y Isaac N., exdirector de Obras Públicas.
La dependencia documentó además tres fincas utilizadas como casas de seguridad, localizadas en los municipios de Tequila, Juanacatlán y Zapopan.
Acusan a alcade de Tequila de privación ilegal de la libertad de rivales políticos
Consta en el expediente, en poder del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal, con residencia en Almoloya de Juárez, que en 2021 el exedil “limpió el camino” para llegar a la presidencia municipal al privar de la libertad a su rival político y al suplente, con pocas horas de diferencia, obligándolos a renunciar a sus candidaturas.
Al menos uno de los afectados declaró que fue encerrado en una habitación oscura, golpeado y obligado a firmar un documento, del cual días después supo -a través de medios de comunicación- que correspondía a su renuncia. Por temor, ninguno presentó denuncia en ese momento.
La FGR concluye en el documento que el ex presidente municipal de Morena y sus coimputados.
“dentro de la estructura criminal son miembros de primer nivel del Gabinete de la Presidencia Municipal de Tequila Jalisco, por lo que representan un riesgo interinstitucional que hace necesario desarraigarlos de la esfera política y de influencia que pudiesen tener en el Estado de Jalisco (…) hablamos de la fusión de la criminalidad con el poder político lo que afectaría el equilibrio procesal del proceso penal si se desarrolla en Jalisco”, señala el semanario.
Finalmente, la FGR solicita que los imputados sean procesados y sentenciados conforme al Código Penal Federal y la Ley Reglamentaria para prevenir y sancionar los delitos de Secuestro, con penas agravadas por delincuencia organizada, al tratarse de servidores públicos, que van de 40 a 90 años de prisión.