Dos casos que se hicieron virales, en Tamaulipas y el Estado de México, dejaron al descubierto la situación que viven miles de familias en nuestro país provocada por los invasores.

En un reportaje que realizó el youtuber Yulay mostró la alarmante forma de actuar que existe detrás de la invasión de propiedades en territorio mexiquense; fenómeno que, dijo, ha experimentado un incremento de 45 por ciento tan sólo en 2020 respecto a 2002, con 29 mil casos de despojo registrados.

Parte de la investigación que realizó Yulay, presenta una entrevista exclusiva con un hombre conocido como «El Ranas», quien expone cómo operan estas redes crim…nales y la presunta complicidad de las autoridades. «El Ranas», quien afirma llevar años dedicándose a estas prácticas, detalló el meticuloso proceso de selección de inmuebles:

«Una vez seleccionado el cantón, mandamos a uno de los morros a que se meta a dormir. Tiene que permanecer ahí 3 días».

El inicio de esta operación, se complementa con un análisis minucioso de la vivienda, buscando señales de abandono como jardines descuidados, estructuras oxidadas o ventanas mal cerradas.

«El Ranas» asegura que se invierten apenas 80 pesos quincenales, logrando invadir entre seis y ocho viviendas en ese periodo, lo que se traduce en un hogar cada 2 días. Argumenta que la facilidad de estas acciones en el Estado de México, se debe a los «altos índices de corr…pción» en la zona.

Reveló también, que su red opera con al menos 100 personas, a quienes les paga un promedio de mil 500 pesos por semana. La rapidez es crucial: «Para poder invadir una casa, ‘El Ranas’ indicó que solo necesita de 2 a 3 minutos».

«Luego los vecinos se ponen al ped… de que ya estás agarrando la casa (…) luego nos echan a la tira para que nos sorprendan de que estamos dentro de la vivienda. Ya dentro de la vivienda, es nuestra», confesó.

Pero, hizo una las revelación más grave: la creación de documentos falsos para legitimar la posesión. «Tenemos una memoria con todo el programa y hacemos las actas de entrega rápido para poderla presentar. Nosotros, al invadir la propiedad, tenemos que entrar con acta de entrega, porque nos la pide la policía», señaló «El Ranas», evidenciando un eslabón vital en su modus operandi.

Luego de todo este proceso, las propiedades son vendidas o rentadas, principalmente a personas con necesidad de vivienda que no califican para un crédito. La supuesta complicidad de las autoridades es un factor clave:

«La policía ya está coludida. Llegan, hacen presencia y nosotros los amedrentamos y se van. Les empezamos a pegar a la gente , a los policías, los empezamos a grabar, se espantan con que los grabes», dijo el entrevistado.

En contraste, Yulay presentó el testimonio de un individuo anónimo que se dedica a desalojar a estos invasores, operando con «grupos de choque» a los que acuden propietarios desesperados.

Según dijo, el desalojador puede recibir hasta 50 mil pesos más viáticos por cada trabajo, realizando los desalojos por la fuerza y, según su testimonio, con el apoyo de las autoridades: «Le decimos a los policías que vamos a ir a tal cantón y nos apoyan. Con ellos podemos trabajar más rápidamente», aseguró.

Ante esta problemática, también presentaron la asesoría del abogado Raymundo Villalpando, quien enfatizó la importancia de la acción inmediata ante una invasión, recomendando acudir a la policía con los documentos que acrediten la posesión del inmueble.

Aunque advirtió que el proceso legal puede ser largo: «La denuncia se interpone en el Ministerio Público y tarda de 4 a 6 meses en lo que se atiende y acuden con las personas (invasores). Una vez que las sacan, las autoridades aseguran el inmueble y debes hacer el trámite pertinente para volver a tu propiedad».

Al demostrar la posesión legal, un juez ordena un «lanzamiento legal», un proceso que puede tomar entre seis y nueve meses. Villalpando exhorta a los ciudadanos a estar siempre vigilantes, mantener sus documentos en regla y, de ser posible, instalar un sistema de seguridad para prevenir estas prácticas y posibles fraudes orquestados incluso por notarios o funcionarios corruptos.