El gobierno de Donald Trump busca cazarrecompensas para alcanzar la meta de deportar a un millón de migrantes por año. Hace unos días, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) abrió una convocatoria pública por “necesidad inmediata” de “servicios de rastreo de personas”, en la que invertirá 180 millones de dólares.
Aunque de momento el ICE no pide abiertamente la intervención directa en arrestos, ya hay denuncias de que esta modalidad ha sido utilizada por firmas de seguridad privada como G4S/Allied?Universal, que tiene contratos millonarios para transportar detenidos, pero cuyo personal ha participado en operaciones de captura, lo cual está prohibido por las leyes federales.
Esto se suma al reclutamiento apresurado de diez mil agentes por parte del ICE y tres mil más para la Patrulla Fronteriza, como reportó MILENIO el 8 de octubre, bajo una dispensa de requisitos que reduce la calificación profesional de los agentes y favorece abusos de los derechos de las personas.
Desde principios de año, miles de videos en redes sociales documentan persecuciones, golpizas y detenciones que ejecutan hombres encapuchados que no se identifican ni son capaces de responder a cuestionamientos sobre la autoridad con la que actúan.
Esto continúa la tendencia a privatizar el cerco a los indocumentados, lo que el Brennan Center for Justice llama el “complejo de deportación-industrial” (deportation-industrial complex), como eco del complejo militar-industrial denunciado por el ex presidente Dwight Eisenhower en su discurso de despedida en 1961.
Eisenhower advertía de los efectos nocivos del vínculo entre las empresas armamentistas y los órganos gubernamentales de defensa.
Es precisamente lo que parece estar en marcha, una gigantesca transferencia de recursos hacia empresas privadas dedicadas, en este caso, a la cacería de personas: si sólo se considera el presupuesto anual para la detención de inmigrantes, ya es 62 por ciento mayor que el de todo el sistema penitenciario federal.
Asimismo, mientras que menos del diez por ciento de la población carcelaria total de Estados Unidos estaba recluida en prisiones privadas en enero de este año, en el caso de los migrantes el dato ascendía al 86 por ciento, según el Migration Policy Institute.
Hay temores justificados de que estos actos efectivamente se han incrementado por casos como el de la multinacional G4S/Ally?Universal, cuyo personal es contratado para transportar detenidos, pero que excede esas atribuciones para ser visto realizando capturas.
Organizaciones como la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglos en inglés) denuncian que tales acciones son —ahí sí— ilegales, porque la legislación federal “prohíbe al ICE utilizar seguridad privada para realizar arrestos migratorios, un hecho que los funcionarios de inmigración han ignorado deliberadamente”.
Subsidiaria de Allied Universal —la compañía más grande del mundo en materia de seguridad privada—, G4S Secure Solutions proporciona guardias a las cárceles israelíes y a las compañías petroleras en Medio Oriente, trabajo que le ha dado la reputación de “empresa mercenaria global”.
La historia de esta firma, con sede en Londres, no es reciente en Estados Unidos. De hecho, se ha involucrado en deportaciones, al menos desde 2006. Entre 2008 y junio de 2023, los contratos de la compañía con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el ICE ascendieron a poco más de mil millones de dólares, brindándoles servicios de transporte y de guardias.
En febrero de 2025, el ICE adjudicó un “contrato de entrega indefinida” por un año a G4S Secure Solutions (USA) Inc, que por un valor que puede llegar hasta los 453 millones de dólares, da “servicios de transporte terrestre”.
El acuerdo indica que 23.4 millones de dólares ya estaban comprometidos, con una tasa de consumo (‘burn rate’) del cinco por ciento, lo que significa que la agencia ya había empezado a utilizar el contrato para los traslados diarios de detenidos. La vaguedad de la descripción del servicio “transporte”, permite que se interprete como la recogida de personas en juzgados, cárceles o incluso en espacios públicos.
La intervención de personal de G4S ha sido puesto en evidencia por la prensa numerosas veces. Por ejemplo, en mayo, agentes del ICE vestidos de civil, acompañados por personal de G4S, detuvieron a cuatro solicitantes de asilo dentro de la sala de un tribunal en San Francisco, en un operativo con vehículos sin placas ni distintivos, informó el diario San Francisco Standard.
Esto a pesar de que en 2022, a raíz del caso Solano vs. ICE, una demanda promovida por ACLU a partir de que personal de G4S “encadenó y arrestó” a nombre del ICE a Gabriela Solano, una residente permanente regular y sobreviviente de violencia doméstica, un juez federal prohibió explícitamente a contratistas como G4S realizar prácticas similares a las de un arresto en cárceles de California.
Ya que “es improbable que el gobierno pueda aumentar sus efectivos internos para satisfacer esta demanda”, ofrecieron una red de “campos de procesamiento” en bases militares, una flota privada de 100 aviones y un “programa de recompensas que ofrece una bonificación en efectivo por cada extranjero irregular detenido por un agente de la ley estatal o local”.
Meses después, en octubre, el ICE publicó una solicitud de información a las compañías interesadas en una potencial oportunidad de contrato en el futuro, pues estaba “explorando una estructura de precios basada en incentivos” para fomentar resultados rápidos, con “bonificaciones monetarias” pagadas en función del desempeño.
La fecha límite de entrega era el 5 de noviembre. Una semana después, el ICE publicó una convocatoria que cerró el día 21, en la que indica que dispone de un presupuesto de hasta 180 millones de dólares para que compañías privadas realicen lo que llama “investigación de ubicación ampliada” de un millón y medio de hogares con “recopilación de fotos y documentos que verifiquen la residencia del extranjero y/o lugar de empleo”.
Cada proveedor recibirá un lote de 50 mil personas que deberá rastrear.
Las tareas que deberán realizar incluyen vigilancia física, como la observación de residencias o lugares de trabajo, y el envío de fotos con fecha y hora, utilizando datos proporcionados por el gobierno, como registros de servicios públicos.
Les ofrecen 300 dólares por cada verificación exitosa, con ganancias potenciales de hasta 30 mil dólares durante un período piloto de 90 días. Se proporcionan vehículos para el trabajo. Se advierte a los candidatos sobre los peligros.
Uno de ellos declaró: “Cuanto más lo escucho, más siento que algo no suena bien”.