Ante la nueva ola de violencia que vive el estado de Sinaloa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) envió mil 600 efectivos, entre ellos 90 integrantes de fuerzas especiales, a reforzar los operativos de seguridad en los municipios de Culiacán y Mazatlán.
En tanto la fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación para indagar la desaparición de 10 empleados de una empresa minera que se localiza en la comunidad de la Concordia. En este caso ya se realizó un cateo pero no se han dado a conocer datos del resultado.
Esta mañana la Defensa informó que "en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, mil 600 efectivos del Ejército Mexicano iniciaron su despliegue vía aérea de diferentes puntos de la República en cuatro aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana hacia los municipios de Culiacán y Mazatlán".
Estas tropas se suman a los diversos agrupamientos que han sido enviados a esa entidad donde las facciones de Los Chapitos y La Mayiza se disputan el control del Cártel de Sinaloa y de las regiones donde se cultiva amapola y mariguana y se produce droga sintética.
La Defensa puntualizó que con el traslado de tropas se reforzará "el despliegue operativo que mantiene la III Región Militar y 9/a. Zona Militar en esa entidad federativa, y con ello, contribuir en las acciones que realizan el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa región del país".
La misión específica del personal desplegado, señaló la institución castrense, es "actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la entidad, realizando tareas de disuasión, prevención y patrullajes que generen un ambiente de tranquilidad".
Por otra parte, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que a partir de un "reporte recibido el 24 de enero a través del número de emergencias 911, realizado por la apoderada legal de una empresa minera ubicada en el municipio de Concordia, se activaron de manera inmediata los protocolos y acciones institucionales", por lo que se abrió una carpeta de investigación por la desaparición de 10 personas, y quedó integrada por el delito de Desaparición Cometida por Particulares.
La autoridad local aseguró que desde "el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos", ha mantenido "coordinación interinstitucional con autoridades estatales y federales", para llevar a cabo operativos de búsqueda encaminadas a la localización de las personas.
"Como parte de estas acciones, el 27 de enero del presente año se llevó a cabo una diligencia de cateo, debidamente autorizada por la autoridad judicial competente", indicó la fiscalía local.
Con información de La Jornada