Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el espionaje político operó desde las sombras en una mansión en Lomas de Chapultepec. Se trató de una propiedad del polémico Raúl Salinas, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
El diario El País documentó cómo la extinta Procuraduría General de la República (PGR) habría utilizado esta residencia como un búnker clandestino para vigilar ilegalmente a periodistas, activistas y opositores.
Esta nueva revelación se suma a las múltiples acusaciones que pesan sobre el sexenio de Peña Nieto por el uso del malware Pegasus, supuestamente adquirido para combatir al crimen organizado, pero que terminó siendo una herramienta de persecución política.
El caso cobra relevancia justo cuando la actual administración del Gobierno Federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, enfrenta duras críticas por impulsar nuevas leyes que, según la oposición, podrían facilitar prácticas similares de espionaje.
La casa del “hermano incómodo” y su transformación en centro de vigilancia
De acuerdo con documentos ministeriales obtenidos por El País, entre 2013 y 2015, bajo el mando del entonces procurador Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón, quien fuera director de la Agencia de Investigación Criminal, la PGR utilizó una casa embargada a Raúl Salinas —en Avenida Explanada 1230, Lomas de Chapultepec— como un centro clandestino de espionaje.
Foto: Google Maps
Esta mansión, confiscada en 1996 como parte de un proceso judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, fue utilizada por la Procuraduría para instalar equipos sofisticados de intercepción de comunicaciones, adquiridos mediante contratos opacos con empresas offshore.
Uno de estos contratos, fue asignado en noviembre de 2013, por 250 millones de pesos, a la firma Duritz Holdings Limited, registrada en Gibraltar.
Espionaje financiado con recursos públicos y sin controles
Los equipos instalados en la casa del hermano del expresidente habrían operado gracias a recursos provenientes de la partida secreta de “Gastos de Seguridad Pública y Nacional”, una especie de caja chica utilizada para solventar operaciones sin supervisión o rendición de cuentas.
Esta práctica habría permitido adquirir tecnología sin licitaciones ni mecanismos de transparencia, según revelaron fiscales de la actual administración.
Un exfuncionario de la PGR, identificado como Humberto Antimo Rivera, aportó pruebas de que los equipos sí fueron entregados e instalados, aunque no dentro de instalaciones oficiales, sino justamente en la mansión asegurada.
La operación del centro de espionaje habría durado al menos dos años, hasta que en 2015 el inmueble fue transferido al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Los vínculos de Zerón, Murillo Karam y Peña Nieto con Pegasus
La revelación se da en un contexto en el que Tomás Zerón continúa prófugo en Israel, país con el que México no tiene tratado de extradición, mientras que Murillo Karam permanece en prisión domiciliaria.
Ambos enfrentan cargos por tortura y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa, pero también por el uso irregular de fondos públicos y contratos relacionados con espionaje.
Foto: Cuartoscuro
El caso Pegasus ha implicado también directamente al expresidente Peña Nieto. Empresarios israelíes que participaron en la venta del software espía declararon que sobornaron al priista con 25 millones de dólares para garantizar contratos con el gobierno mexicano.
Uno de ellos, Uri Ansbacher, fue beneficiado con contratos multimillonarios desde la Secretaría de Gobernación poco antes de que Peña dejara el poder.
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El espionaje continuó durante la 4T… a pesar del discurso oficial
Aunque el discurso de la 4T ha sido “no somos iguales”, diversas investigaciones han evidenciado que el espionaje ilegal no se detuvo con la llegada de Andrés Manuel López Obrador.
Pegasus siguió activo y fue operado desde el Ejército, según revelaron Citizen Lab, Artículo 19 y SocialTIC.
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Incluso el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, fue espiado mientras investigaba violaciones del Ejército en el caso Ayotzinapa.
Asimismo, durante la gestión de Ernestina Godoy en la Fiscalía de la CDMX, fue señalada por supuestamente intervenir teléfonos de opositores y miembros de Morena sin orden judicial.
Nueva ley de Morena despierta temor por más espionaje
Las recientes reformas aprobadas por Morena y sus aliados, como la Ley de Telecomunicaciones y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, han sido calificadas por la oposición como “leyes espía”.
Estas normativas permiten al Ejecutivo acceder a datos personales y biométricos sin orden judicial, lo que ha generado preocupación entre organizaciones civiles.
La paradoja ha sido evidente: figuras clave de Morena, como Ricardo Monreal o Luisa María Alcalde, criticaron duramente estas prácticas cuando las impulsaba el gobierno de Peña Nieto, pero hoy las respaldan desde el oficialismo.