La bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados presentó la iniciativa de reforma al Artículo 19 de la Constitución, para incluir el delito de corrupción inmobiliaria dentro del catálogo en los que el Ministerio Público puede solicitar prisión preventiva oficiosa.

En voz del diputado Ricardo Mejía Berdeja, “dada su gravedad”, el grupo parlamentario del PT planteó en un documento turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, que es necesario dicho mecanismo para que los responsables de este delito “no eludan su responsabilidad por sus actos”.

“La corrupción inmobiliaria se manifiesta en la colusión entre servidores públicos y desarrolladores, cuando generan contextos propicios para la adjudicación directa de cambios de uso de suelo, compraventas ilegales de tierras ejidales, construcciones sin permisos y comercialización de inmuebles sin infraestructura correcta o dentro del marco de la ley”, explicó Mejía Berdeja en la justificación de la reforma.

“Este fenómeno -agregó el petista- prolifera la gentrificación, desplazamiento, encarecimiento de vivienda y desigualdad social, lo que no solo implica el desfalco por millones de pesos en contratos con inmobiliarias sino que ahora presentan problemas en el abastecimiento de los recursos”.

Prolifera la gentrificación, desplazamiento, encarecimiento de vivienda y desigualdad social.

Se trata de un paso más en la exigencia popular de investigación al conocido Cártel Inmobiliario de la Ciudad de México, cuya cabeza visible es el actual dirigente nacional del PAN, Jorge Romero. Hace un mes, durante su mañanera de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dio su aval a la creación de una comisión especial para investigar a fondo al Cártel Inmobiliario.

“Está bien si así lo decide el Congreso, que se abra la investigación. Está en sus facultades”, dijo en junio pasado Sheinbaum Pardo, apuntando a la Alcaldía Benito Juárez, donde gobernó y organizó a su grupo Romero Herrera, aun cuando sus tentáculos se extienden a las alcaldías Miguel Hidalgo e incluso a la Cuauhtémoc.

En su momento, la titular del Ejecutivo recordó un hecho detonante ocurrido durante su gestión como Jefa de Gobierno: una explosión por gas en un inmueble ubicado en Avenida Coyoacán en agosto de 2021 que, al ser investigada, reveló una cadena de irregularidades en desarrollos inmobiliarios de la zona. A partir de ahí, se identificaron múltiples casos de construcciones sin autorización, modificaciones al uso de suelo y edificios que operaban fuera de la normativa vigente.

En opinión de Ricardo Mejía Berdeja, las comunidades afectadas por la corrupción inmobiliaria “incluyen mayoritariamente a mujeres jefas de familia y personas mayores que carecen de recursos para defender su derecho a una vivienda digna”. “La falta de titulación legal agrava su vulnerabilidad ante despojos y desplazamientos sin acceso a representación legal adecuada”, agregó el petista.

Mencionó además que los costos de las viviendas se han escalado a niveles en los últimos años, que “para la mayoría de las personas, es imposible pagar”, y las generaciones presentes reciben las consecuencias. “Tan solo en el estado de Querétaro se tiene un costo aproximado de 2 millones de pesos, y en su municipio de 3 millones de pesos”, dijo.

“Si consideramos que el precio nacional de la vivienda en México en 2015 era de 1 millón de pesos, en Querétaro en tan solo una década esta se ha duplicado o triplicado, haciendo sumamente complicado tener la posibilidad de adquirir un patrimonio propio”, concluyó el vocero de la bancada del Partido del Trabajo en San Lázaro.