El polémico libro de la periodista Anabel Hernández, Las señoras del narco: Amar en el infierno, desató una controversia nacional al exponer la existencia de un supuesto “catálogo” de actrices de Televisa, promovido como una herramienta utilizada por personajes del narcotráfico, incluido Arturo Beltrán Leyva, para ‘contratar’ a celebridades del espectáculo mexicano.
El caso culminó en los tribunales: Televisa logró que la justicia mexicana ordenara a la editorial Penguin Random House la publicación obligatoria de su derecho de réplica, después de desmontar estas imputaciones e identificar errores y datos falsos en la obra.
En qué consistía el presunto catálogo de actrices de Televisa al ‘servicio’ del narco
En el capítulo 17 del libro, Anabel Hernández relata —a través de testimonios de la expareja de Arturo Beltrán Leyva— que el capo había diseñado una estrategia para acercarse a figuras públicas del medio artístico.
La periodista describe que Beltrán Leyva habría intentado abrir una clínica de belleza cerca de Televisa, como parte de sus esfuerzos para acceder a famosas por medio de contactos en el mundo del espectáculo. Según el libro, existía “un catálogo así de grande”, en el cual se podía “hacer la contratación” de actrices, especificando tiempos, condiciones, servicios incluidos y traslados.
En el testimonio recogido por Hernández, el “catálogo” era incluso mostrado a potenciales clientes como un engargolado azul, que contenía fotos y nombres de celebridades, acompañados por supuestas tarifas y modalidades de acompañamiento. Paty Navidad es nombrada directamente en el texto, señalándose que su tarifa por una comida privada de cinco horas ascendía a 700 mil pesos. La autora advierte que los relatos no corroboran si se trataba en todos los casos de oferta sexual, pero deja abierta la sospecha sobre el carácter de los servicios.
En este contexto, la expareja de Beltrán Leyva, identificada solo como “Celeste”, relató que fue testigo directa al consultar dicho material en las oficinas de Televisa San Ángel, en compañía de un ejecutivo presuntamente apellidado Burillo. La narración incluye detalles sobre la mecánica interna: la elección de actrices, la fijación de tiempo de convivencia y la especificación de logística desde el punto de encuentro. Según El Universal, Hernández no presentó documentos oficiales concluyentes que respaldaran plenamente la existencia o uso ilegal del supuesto catálogo.
La respuesta y pruebas de Televisa contra Anabel Hernández: desmentido ante los jueces
Las imputaciones presentadas por Hernández detonaron una respuesta judicial y mediática de Televisa, que defendió la naturaleza y función real de los catálogos señalados. Ante los tribunales, la televisora proporcionó registros y documentos que acreditan que los catálogos del Centro de Educación Artística (CEA), elaborados en 1991, 2005 y 2006, solo servían para seleccionar talento actoral para las producciones de la empresa. En estos materiales aparecían actores de todas las edades, desde niños hasta ancianos, y carecían de descripciones de servicios o tarifas individuales.
Además, la investigación determinó que ningún ejecutivo de apellido Burillo formó parte de las áreas involucradas en los periodos mencionados. Varios testimonios de actrices incluidas en el libro —como Galilea Montijo, Lucero, Alicia Machado, Ninel Conde y Paty Navidad— han rechazado tajantemente los señalamientos de la publicación y han pedido a la editorial desmentir oficialmente las acusaciones.
En una de las intervenciones más contundentes, la defensa de Televisa argumentó que las afirmaciones de Hernández dañaban no solo la reputación de la empresa y del CEA, sino “la reputación de cientos de actrices, de mujeres —muchas hoy madres de familia— que aparecen en dichos catálogos y a quienes de manera ruin e injustificada se les hace ver permisivas y/o como parte de una red de trata”.
Fallo judicial y revés para la editorial y la autora: Anabel Hernández pierde contra Televisa
El Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Sexto Circuito, en La Paz, Baja California Sur, ordenó a Penguin Random House la publicación del derecho de réplica solicitado por Televisa. El fallo, emitido el 11 de julio, obliga a la editorial a incluir la versión de la empresa en todas las futuras ediciones impresas y digitales del libro, reconociendo la falta de pruebas respecto al presunto catálogo y a las acusaciones derivadas. De acuerdo con El Universal, la resolución es definitiva y no admite apelación.
El tribunal estableció un precedente en la aplicación del derecho de réplica en publicaciones editoriales. Por su parte, la editorial presentó pruebas contradictorias durante el proceso judicial: en algunas fases reconoció la existencia de catálogos, en otras lo negó.
Paty Navidad, una de las señaladas directamente, celebró en sus redes sociales el dictamen: “Quien la hace riendo, llorando la paga”. La actriz reiteró que nunca existió un vínculo criminal y defendió su integridad frente a los dichos de la obra y de la propia periodista, quien había calificado a las actrices señaladas como “mujeres de segunda”.
Sanciones complementarias y otros señalamientos en la obra
El caso representó el segundo revés para Anabel Hernández y Penguin Random House en menos de un mes. En junio, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) sancionó a la editorial por utilizar sin autorización la imagen de Violeta Vizcarra, señalada en el libro como intermediaria de Beltrán Leyva en el mundo del espectáculo, imponiendo una multa económica superior al medio millón de pesos y obligando al reconocimiento público de la infracción.
Televisa, según reportó El Universal, prepara acciones legales adicionales en México y el Reino Unido, hechos que podrían concluir en pagos millonarios por daños y perjuicios.
Todo este episodio expuso la fuerza de la réplica judicial y mediática a publicaciones periodísticas de alto impacto, y evidenció los retos legales que enfrentan tanto autores como editoriales ante acusaciones no sustentadas plenamente por pruebas oficiales.
Con información de Infobae