Omar “N”, jefe del departamento de Servicios Financieros del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (Trijaem), fue detenido por la Fiscalía mexiquense (FGJEM) por su probable intervención en el delito de abuso de confianza, al supuestamente intentar la sustracción de 32.5 millones de pesos que eran parte del presupuesto público del órgano autónomo.  

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 1 de diciembre de 2023, cuando, en su carácter de jefe del departamento de Servicios Financieros del Trijaem, “presuntamente se aprovechó de la confianza y responsabilidades inherentes a su cargo para intentar realizar transferencias bancarias por la cantidad de 32 millones 482 mil pesos” de la cuenta CHQ-MXN-TOLUCA, ED-03802268817 de Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.  

Días después, el Tribunal, que forma parte del sistema anticorrupción de la entidad, reconoció el hackeo de una de sus cuentas bancarias, acción mediante la que, se dijo entonces, fueron sustraídos alrededor de 30 millones de pesos.  

El organismo indicó que “a principios del mes de diciembre (de ese año) la plataforma bancaria donde el Tribunal resguarda sus recursos financieros fue objeto de un ataque cibernético, el cual registró movimientos inusuales en una de las cuentas bancarias del órgano jurisdiccional”.  

Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que inició la carpeta 496/2023 en contra de quien resulte responsable por falsificación y utilización indebida de títulos al portador, documentos de crédito público y documentos relativos al crédito, en agravio de la fe pública.  

Además, se logró el congelamiento inmediato de los movimientos financieros ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y solicitó, con la intervención del juez, un informe sobre la pertenencia de los números de cuenta receptora.  

El Trijaem aseguró que la institución bancaria realizó el reintegro total de los recursos comprometidos, evitando un daño patrimonial al órgano impartidor de justicia, gracias a que, hasta ese día, no se habían concretado las transferencias y los movimientos se registraban “en tránsito”.  

Derivado de la denuncia y las investigaciones realizadas, la Fiscalía mexiquense dio cumplimiento a una orden de aprehensión contra el servidor público de 36 años de edad y su situación jurídica se definirá en las próximas horas.  

Con información de Proceso