TOLUCA, Edomex (apro).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cesó a un agente del Ministerio Público (MP), removió a otra de la Fiscalía de Género e inició investigaciones por su probable responsabilidad al no recibir en tiempo y forma la denuncia de Noemí “N” sobre la sustracción de su hijo Fernando en La Paz, lo que a su vez desembocó en la muerte del menor de 5 años.  

La dependencia indicó que radicó una investigación en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por la probable responsabilidad de sus servidores públicos en actos de abuso de autoridad por la negación del servicio en perjuicio de la madre de Fernandito.  

Aunque Noemí “N” expuso que el 31 de julio acudió a la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas, le pidieron que regresara el lunes porque no había MP que la pudiera atender el fin de semana. La FGJEM sólo reconoce que la ofendida acudió el domingo 3 de agosto al Centro de Justicia de La Paz a denunciar que “dejó a su menor hijo al cuidado de una amiga y ésta no quería devolvérselo”.  

La dependencia indicó que esta exposición fue realizada por la mamá del niño Fernando a un prestador de prácticas profesionales que se encontraba en esas instalaciones, quien a su vez se lo informó al agente del MP responsable en ese momento.  

No obstante, el agente ministerial refirió al prestador de prácticas profesionales: “Hay que esperar a la licenciada Brenda, porque yo ya me voy”, y le indicó que si la ofendida no tenía deseo de esperar, podía acudir a la agencia de Género”.  

La madre de la víctima optó por retirarse y se presentó al día siguiente, es decir, el lunes 4 de agosto, a formular la denuncia ante la autoridad ministerial en el Centro de Justicia para la Mujer ubicado en el municipio de La Paz.  

La Fiscalía mexiquense reconoció dilación institucional y ausencia de empatía, trato solidario y nula vocación de servicio de su personal en este caso.  

Por tanto, informó que el agente del MP que el día 3 de agosto derivó a la víctima a un Centro de Justicia diverso fue cesado de sus funciones y enfrentará sus responsabilidades administrativas y penales ante las autoridades correspondientes.   

De igual manera, refirió que una agente del Ministerio Público del área de Género, de cuya conducta no se proporcionaron mayores detalles, fue removida y puesta a disposición de las autoridades centrales de la Fiscalía para que determinen si tuvo algún comportamiento que afectara los derechos de Noemí.  

La Fiscalía mexiquense no descartó la posibilidad de que la investigación se amplíe a otros servidores públicos. Empero, aclaró que no dará acceso a la carpeta de investigación a la activista Fabiola Villa, dado que fue revocada como defensa de la víctima.  

“Dicha persona acudió a sede ministerial con la intención acceder al expediente de investigación, sin la compañía de la ofendida y sin estar acreditada como su asesora jurídica, por lo que legalmente está impedida para tener acceso a la indagatoria”, expuso.  

La dependencia asegura que, al momento de recibir formalmente la denuncia, el 4 de agosto pasado, inició la investigación por el delito de privación de la libertad, y elementos de la Fiscalía, en coordinación con Policía Municipal de Género, acudieron al domicilio proporcionado por la víctima.  

Al arribar, expuso, los uniformados se percataron de un olor fétido que provenía de unas bolsas que se encontraban en el patio de la vecindad, en cuyo interior se localizó el cuerpo sin vida y en estado de descomposición del menor de edad.   

Por esos hechos fueron detenidos en flagrancia Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”, quienes fueron vinculados a proceso y se encuentran sujetos a prisión preventiva para que se determine su responsabilidad en la desaparición y secuestro que causó la muerte del menor, por los cuales podrían obtener sentencias de condena de hasta 160 años de prisión.  

La FGJEM enfatizó que diversas periciales practicadas al cuerpo de la víctima establecieron que presentó fracturas en clavícula y costilla, y lesiones contusas, mientras la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico con un intervalo de muerte de tres a cinco días previos al hallazgo, lo que significa que su deceso ocurrió entre el 30 de julio y el 2 de agosto, en tanto que la privación ilegal de su libertad ocurrió el lunes 28 de julio.  

Con ello, sugiere que la madre del niño solicitó el apoyo de las autoridades ministeriales después de que Fernando había fallecido.  

Hasta el momento, la Fiscalía mexiquense no se ha pronunciado sobre ninguna investigación en contra de elementos de la Policía de Género de La Paz, a quienes Noemí “N” acusa de amenazarla para abandonar el caso y cambiar de defensa jurídica. 

Con información de Proceso