Julio César Chávez Jr., hijo del ícono del boxeo mexicano Julio César Chávez, enfrenta uno de los procesos judiciales más serios de su vida. Luego de años marcados por escándalos, adicciones y problemas legales, ahora se le imputan delitos relacionados con el crimen organizado, en específico, vínculos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos por autoridades migratorias el 3 de julio de 2025, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida en 2023. Tras su deportación a Méxicoel 20 de agosto, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 11 en Hermosillo, Sonora. Durante la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó 21 pruebas que, según su versión, lo vinculan directamente con actividades criminales.

Entre estas pruebas se incluyen escuchas telefónicas de 2019 donde presuntos narcotraficantes, incluido Néstor Isidro Pérez Salas alias “El Nini”, jefe de seguridad de Los Chapitos, mencionan a Chávez Jr. como un “esbirro” encargado de golpear a subordinados o rehenes. En dichas grabaciones, “El Nini” supuestamente afirma que Chávez Jr. “golpea fuerte” y lo empleaba como mecanismo de castigo. También se presentó un informe de la DEA que lo identifica como sujeto de investigación, además de hallazgos materiales como una bata de boxeo con su nombre en propiedades vinculadas al cártel, y testimonios de personas que lo ubican junto a otros acusados.

La defensa, por su parte, sostiene que “no existen actos de violencia recientes” y que las pruebas son “especulaciones” o simples “menciones casuales”.

Libertad condicional impugnada por la Fiscalía

El 23 de agosto, el juez de control Enrique Hernández Miranda vinculó a proceso a Chávez Jr., pero le concedió libertad condicional, pese a que la Constitución, en su artículo 19, establece prisión preventiva oficiosa para delitos como los que enfrenta. El juez argumentó que no se justificaba la necesidad de mantenerlo en prisión, ya que existían otras medidas cautelares suficientes.

Chávez Jr. abandonó el penal el 24 de agosto y se reunió con su familia. Entre las restricciones impuestas están la prohibición de salir del país, de contactar testigos o agentes involucrados, y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades, aunque no se le exige firmar debido a su notoriedad pública.

No obstante, la FGR presentó el 29 de agosto un recurso de revisión a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, calificando la libertad condicional como “ilegal” y contraria a la Constitución. El recurso fue notificado al juez Hernández Miranda y será analizado por un Tribunal Colegiado de Apelación en Sonora. Este órgano podría demorar hasta tres meses en emitir una resolución, la cual podría confirmar la libertad condicional, revocarla o modificarla.