El desafuero de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, sigue avanzando en la Cámara de Diputados y consta de 5 carpetas de investigación por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones.

Así lo confirmó Hugo Eric Flores Cervantes, diputado presidente de la Comisión Jurisdiccional y de la Sección Instructora de San Lázaro, en entrevista con diversos medios de comunicación.

Igualmente informó que la solicitud proviene de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche y subrayó que el análisis de admisibilidad del caso aún está en curso, por lo que no se ha determinado si la solicitud será admitida o desechada.

“Estamos en estudio. Ya está desde el viernes turnado a los cuatro integrantes de la Sección Instructora, y ya estamos en revisión”, afirmó.

Asimismo, el legislador desmintió que las investigaciones contra el dirigente priista se traten de una “persecución política”, como ha afirmado el senador tricolor.

“No nos vamos a meter en consideraciones políticas. Ésta es una investigación que data de muchos años… Yo, desde mi particular punto de vista, no lo estoy viendo en un contexto nacional, lo estoy viendo en un contexto local”, puntualizó Flores Cervantes.

El diputado que preside la Comisión que revisará el caso, garantizó que el órgano que encabeza actuará conforme a derecho y que la imparcialidad será una constante en todo el procedimiento.

Actualmente, el proceso se encuentra en su primera etapa: la revisión formal de los requisitos de admisibilidad. Por ello, Flores explicó que aún no se ha notificado formalmente al senador, sino que sólo se le informó de la existencia de la solicitud por los canales institucionales, tanto en su oficina como vía correo electrónico.

El caso será discutido en la Comisión durante todo el mes de agosto, pues la decisión será tomada con responsabilidad y sin precipitación, según afirmó Flores Cervantes.

En caso de que la solicitud sea admitida, explicó, el procedimiento avanzará con su respectiva notificación formal y se abordará en el próximo periodo ordinario de sesiones. En cambio, si se considera que debe ser desechada, la legislación vigente obliga a que esa resolución pase primero al Pleno de la Cámara para su discusión y eventual votación.

Finalmente, Flores Cervantes reafirmó que, como presidente de la Sección Instructora, su papel no es valorar los señalamientos políticos, sino apegarse estrictamente a los términos jurídicos del expediente.

Con información de Polemón